La reforma agraria en Colombia ha sido un blanco móvil que lleva casi 90 años desde la ley 200 de tierras de López Pumarejo. Luego vino el esfuerzo de Lleras Restrepo en 1966 que a pesar de entregar 60.000 nuevos títulos, fue ahogado por el pacto de Chicoral unos años más tarde.
En esos momentos la importancia de la producción agrícola en el país era respectivamente del 55% y del 27%, mucho más representativo que el 12% de hoy. La proporción de la población rural en 1936 y 1966 era del 70% y del 46%; hoy es el 23%. En ellos se ve la pérdida de la preponderancia de nuestra agricultura en la economía. Y su penuria: el 60% de los colombianos pobres viven allí.
Algunos idealistas pensamos que el PIB agrícola debería estar más hacia el 20% si muchos de esos 12 millones de colombianos incrementaran su productividad con acceso a tierra e inversiones cuantiosas en ella; de hecho así sus salarios deberían subir por lo menos un 50% en el mediano plazo.
Y de ello se trata la reforma agraria basada en el punto 1 del Acuerdo de Paz de la Habana: de crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas que fue lo que entre el gobierno (el Ministerio) y las Farc llegaron como acuerdo para repartirlas según las UAFs (Unidades Agrícolas Familiares) que garantizan que una familia pueda vivir fuera la pobreza con esa cantidad de tierra.
Por lo que se ha anunciado en los medios, el Gobierno Petro aspira a llegar a entregar 1,5 millones de hectáreas, que con un promedio de 10 has daría para 150.000 familias y sacar 750.000 personas de la pobreza. Ojalá llegara más allá, a las 3 planteadas en el acuerdo- que se daba como plazo hasta el 2028. El tema central es la capacidad legal y de ejecución de la ANT así como de la ADR si queremos ver no solo campesinos con tierra sino recibiendo ingresos en literalmente miles de proyectos productivos.
Ahora, una reforma agraria requiere un éxodo de personas de un lugar a otro y en muchas ocasiones de una labor o una profesión a otra. Hay asimetrías de geografía, donde los que no tienen tierra van a otro clima, a otras costumbres; igualmente hay asimetrías de labores: los pisos térmicos varían para las cosechas y no siempre son campesinos quienes llegan a esas tierras.
De allí que el acompañamiento técnico y social deba ser muy cercano con miles de familias que empiezan una nueva vida. Esto desde afuera, desde adentro están todas las dificultades legales de entrega de tierras, etc. Valiosa y compleja tarea de las entidades del Ministerio y del gobierno: es la deuda histórica y social -pero con enormes réditos sociales y económicos.
Pero la Reforma Agraria aparte de entrega obvia de tierra a campesinos, debe ir por una virtual autonomía alimentaria que haga muchos sectores exportadores como las frutas o los lácteos. Y en eso deben trabajar conjuntamente grandes, medianos y pequeños. La ruptura de las limitaciones para explotar adecuada y cuidadosamente la Orinoquia debe ser parte de la reforma Agraria.
CARLOS ENRIQUE CAVELIER
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