Luego de tres meses de haber arrancado el proceso de vacunación en Colombia y superar el país la aplicación de ocho millones de vacunas, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, se registran eventuales denuncias alrededor de la inmunización.
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Desde casos de jeringas vacías, donde enfermeras fingen la aplicación de la vacuna sin ninguna dosis, hasta la inmunización a personas no priorizadas, son parte de las historias que empañan la labor de las IPS (hospitales, clínicas o centros de salud), las cuales desde la primera línea se encargan de dicho proceso.
Para Jesús Albrey González, gerente de la firma González Páez Abogados SAS y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, como prestadoras de servicios en salud, las IPS no sólo son responsables de la aplicación del biológico, sino también de mantener la cadena de frío, cumplir los protocolos de bioseguridad para la vacunación, realizar el proceso de observación posterior a la inmunización, entre otras responsabilidades, “por lo que cualquier inobservancia a estas obligaciones se puede constituir como una falla”.
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Pero, ¿a qué tipo de responsabilidad se puede enfrentar una institución prestadora de salud y un funcionario que trabaja allí, cuando se presenta una falla como la de inmunizar personas que no hacen parte de la lista de priorizados?
1. Responsabilidad de orden fiscal: Para este caso, se podría identificar una responsabilidad de origen fiscal, ya que al vacunarse a una persona fuera del esquema establecido, las IPS estarían auspiciando un mal uso de los recursos públicos destinados a población priorizada, que al final del día tendrá que ser analizado por la Contraloría de la República para establecer responsabilidades patrimoniales.
2. Responsabilidad penal: Esto podría ocurrir si se comprueba que algún funcionario de la IPS realizó fraude sobre la información oficial reportada o alguna falsedad ideológica o material para lograr su objetivo.
3. Responsabilidad administrativa: Esto sucede cuando la Superintendencia de Salud o la Secretaría de Salud detecta una falla que atañe a la responsabilidad misma del hospital, clínica o centro de salud. En este caso, las IPS pueden enfrentarse a procesos sancionatorios que pueden terminar en millonarias multas o en el cierre de la institución.
“En estas materias, no hay responsabilidades objetivas. Sin embargo, si se comprueba una conducta violatoria de una IPS o su personal en cuanto al esquema de vacunación, por ejemplo, sus representantes legales podrían recibir una sanción por parte de la Superintendencia de Salud que puede traducirse en una multa de hasta 2 mil salarios mínimos y/o la inhabilidad para ejercer cargos en entidades de salud por un periodo de hasta 15 años, hasta el cierre de servicios de la institución”, añade González.
De acuerdo con cifras recientes de la Universidad Johns Hopkins (JHU), a la fecha, en el mundo se han aplicado cerca de 1.436,2 millones de vacunas contra el COVID-19. Además, según datos del Ministerio de Salud de Colombia, con una inversión de 4 billones de pesos, el país hoy ya inmuniza personas en 3.300 puntos de vacunación, ubicados en 1.099 municipios del territorio nacional.