Para alcanzar las metas climáticas de cara al 2030 y 2050, como la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una economía baja en carbono o la protección de áreas marinas y terrestres, con el gobierno del presidente Iván Duque se ha fortalecido la cooperación internacional.
Según Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, este apoyo lo recibe el país “en el marco de los diferentes acuerdos internacionales y, en especial, en el de las Naciones Unidas para el cambio climático”.
El Viceministro destacó tres mecanismos de financiación internacional: el Fondo Verde para el Clima (GCF- por sus siglas en inglés), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, en inglés) y las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAS). A través de este tipo de fondos, Colombia ha desarrollado proyectos territoriales principalmente en agricultura y transporte.
“Hemos venido trabajando con los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Noruega, Francia, y Estados Unidos, entre otros, en proyectos que le apuntan a la lucha contra la deforestación, la producción sostenible, el desarrollo de no maderables de bosque, bioeconomía, educación ambiental y la iniciativa de biodiverciudades”, expresó.
Galarza destacó los roles de la filantropía, de la banca multilateral como el BID y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y la alianza con organizaciones no gubernamentales, como Conservación Internacional, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Fondo Bezos para la Tierra.
Apoyo alemán
En el país, la GIZ- Cooperación Alemana implementa, desde el 2019, el proyecto ‘Apoyo al cumplimiento de las metas climáticas de Colombia’ (ProNDC), con el que asesora a los ministerios de Ambiente y Agricultura y al Departamento Nacional de Planeación. Con ProNDC, en el sector ambiente, se fortalecen las acciones para mitigar los efectos del cambio climático, así como la sostenibilidad en las cadenas de valor del maíz, en el departamento de Córdoba, y de la ganadería de doble propósito, en Sucre, con pilotos a pequeña escala, que se podrán multiplicar en otras áreas.
El trabajo en el departamento de Córdoba se desarrolla en Cereté, Cotorra, San Pelayo y Montería, y en los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como Valencia, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano. En Sucre, se adelanta en San Onofre, Sincé, Tolú Viejo, y en los municipios PDET como San Pedro, Buenavista, San Juan de Betulia, Corozal, Sampués, El Roble y Galeras. Las acciones del proyecto se desarrollan en dos frentes. Primero en mitigación, donde se fomenta la reducción de emisiones y la captura de carbono, con prácticas en gestión sostenible del suelo.
Y, segundo, en adaptación, generando resiliencia en los cultivos, con la siembra de árboles dispersos, pasturas mejoradas o intersiembra de especies. Cada una de estas acciones genera metas cuantificables, que permiten mejorar la toma de decisiones para la acción climática.
Además, se consolida el sistema nacional de monitoreo de GEI y de medidas de adaptación, integrando las experiencias locales.
Se han mejorado las líneas base de emisiones GEI de diferentes sectores económicos, en el marco de la actualización de la NDC, y se fortalecieron las plataformas de reporte a nivel nacional de las reducciones logradas.
También se han fortalecido las capacidades de 1.600 representantes de alcaldías, gobernaciones y procuradurías agrarias y ambientales, sobre los impactos del cambio climático en sus territorios. A la vez, 120 periodistas de todo el país profundizaron su conocimiento a través del diplomado Cambio Climático para Comunicadores y Periodistas. Y se han apoyado espacios de diálogo con enfoque de género con 547 jóvenes y 300 mujeres en 18 departamentos para aportar al Plan de Acción de Enfoque de Género de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.
Le hacen frente a la deforestación
Conservar la selva es clave para las metas climáticas de Colombia. Según Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), “aunque somos un país que emite pocos GEI, tenemos serios problemas de deforestación. La Amazonía tiene los stocks de carbono del mundo acumulados.
Reforestar y tener el bosque en pie evita la liberación de carbono a la atmósfera”, señaló.
Por ello, el Sinchi trabaja en investigación científica, innovación en proyectos productivos sostenibles y con participación de las comunidades locales para proteger la selva. Para tal propósito, la financiación extranjera ha sido clave. “Resalto el papel de la cooperación internacional para cumplir con las metas previstas para 2030 y 2050. Aportes del Reino Unido, Noruega y Alemania, con el programa Visión Amazonía, entre otros”, indicó Mantilla.
Uno de ellos es Abrigue, financiado por la Unión Europea. Lo ejecuta el Sinchi, junto a la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, MinCiencias, Agrosavia y el CIRAD. Con este, se fomentan y apoyan innovaciones técnicas y organizacionales sobre agroecología, bioeconomía circular (AEBE) y pesca artesanal responsable en regiones piloto, todas con enfoque territorial. El proyecto beneficiará con “transferencia de conocimiento sobre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático basados en AEBE a 4.182 personas: 1.682 en Caquetá, 1.000 en Meta y 1.500 en Chocó”, indicó el Sinchi.
La acción climática, un asunto intersectorial
Desde distintos sectores económicos, como transporte, ambiente, minas y energía, vivienda, agropecuario, pesquero, comercio, industria y turismo, etc., se han planteado medidas que aportan al cambio climático y a la reducción de gases de efecto invernadero en el país, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Acción Climática.
Precisamente, para lograr el cumplimiento de las metas climáticas fue aprobado recientemente un plan de implementación y seguimiento de la NDC (Contribución Nacional Determinada) y de la Ley de Acción Climática.
La NDC es la política ambiental más importante en la actualidad porque incluye compromisos y acciones de todos los sectores, además es la hoja de ruta al 2030 a través de la cual se transita hacia medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, y acciones para alcanzar metas climáticas de reducción de emisiones a corto, mediano y largo plazo, como la disminución del 51 por ciento de Gases de Efecto Invernadero al 2030 y lograr la carbononeutralidad al 2050.
Por ejemplo, actualmente hay más de 7.000 vehículos eléctricos rodando en las carreteras del país, “convirtiendo a Colombia en el país de América Latina con el mayor parque de vehículos eléctricos”, explicó Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Así mismo se destaca la tendencia que existe en varias ciudades principales para electrificar su flota de transporte público, las cuales vienen trabajando y ya tienen liderazgo no solo a nivel regional, sino global.
Cifras dadas en marzo de este año por Andemos (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible), revelan que solo en el primer bimestre de este año en Colombia se vendieron 3.411 vehículos ecológicos, lo que representa un crecimiento de más del 95 por ciento al compararlo con el año pasado, lo que demuestra que el uso de este tipo de vehículos va en aumento. La meta al 2030: llegar a 600.000 vehículos eléctricos en circulación.
Por otro lado, está la transición energética a fuentes de energías renovables no convencionales. El viceministro Galarza reveló que gracias a este gobierno a finales de 2022 se habrá multiplicado en 100 veces la capacidad instalada del país en este tipo de fuentes de energía, pasando de 20 megavatios que había en agosto de 2018, a más de 2.800 megavatios que hay en la actualidad.
Para lograrlo, se han hecho varios avances normativos, como el Conpes 4088 (ver recuadro) y la Ley de Transición Energética 2099 de 2021, los cuales han habilitado la financiación.
También hay proyectos importantes en la conversión del sector industrial en los que se destacan los proyectos que tengan relación directa con las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) de refrigeración y la prohibición de los hidrocarburos fluorados y cómo el sector privado incorpora diferentes mecanismos y tecnología de transición energética y de economía circular, entre otros.
Desde el punto de vista de agricultura sostenible, se llegó a más de 150.000 hectáreas de ganadería sostenible a partir de silvopasturas.
Por ejemplo, en las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) para la ganadería bovina sobresale el Proyecto ganadería Colombiana sostenible, cuyo objetivo es mejorar la producción del negocio ganadero a través del trabajo amigable con el medio ambiente; con el uso de diferentes tipos de árboles integrados a la producción ganadera (sistemas silvopastoriles), y la conservación de bosques nativos en su finca.
Según Fedegan (2022), con este proyecto se benefician alrededor de 2.000 familias ganaderas distribuidas en 83 municipios de cinco zonas del país. De esta manera se hace una práctica mucho más sostenible que reduce y mitiga los impactos de esta industria frente al cambio climático.
Finalmente, desde el sector ambiental se viene trabajando en la meta de restauración ecológica de al menos un millón de hectáreas con la siembra de 180 millones de árboles, de los cuales a la fecha ya se han sembrado más de 130 millones.
Y se avanza en la lucha contra la deforestación revirtiendo la tendencia de aumento que había y reduciendo la cantidad de hectáreas afectadas por esta práctica criminal.
Entre las metas establecidas en la Ley de Acción Climática está la de lograr que en 135 cuencas hidrográficas se incorpore el cambio climático, como parte de su ordenación ambiental.
Y se destaca la gestión de las áreas protegidas, teniendo en cuenta que el país se comprometió a proteger el 30 por ciento de sus áreas marinas y terrestre, meta que se cumplirá antes de finalizar este Gobierno: 8 años antes de lo previsto en la iniciativa global 30 x 30.
Siete proyectos aprobados
Recientemente se aprobó el Conpes 4088 con el que se declaran de importancia estratégica proyectos de inversión del sector ambiente y desarrollo sostenible; agricultura y desarrollo rural; y de comercio e industria; con una inversión total de 187.457 millones de pesos para el periodo 2022-2025. Sobre estos proyectos se destaca la sustitución de 7.500 estufas de leña y el desarrollo de tres iniciativas de adaptación al cambio climático y carbono azul, con restauración de cerca de 1750 hectáreas con ecosistemas de manglar.
MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio del Ministerio de Ambiente.