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20 nov 2023 - 12:00 a. m.

Panorama y evolución legal en América Latina

Uno de los mayores desafíos que deben enfrentar las firmas de la región es la implementación de tecnologías como la Inteligencia Artificial.

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Las cargas procesales podrían distribuirse entre juzgados según su carga de trabajo, independientemente de su ubicación territorial.

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América Latina sigue siendo un destino muy atractivo para la inversión de firmas de abogados europeas y, además, en el mercado latinoamericano continúa habiendo un buen volumen de fusiones y adquisiciones.

Así lo asegura María Del Rosario Gómez Jaramillo, Managing Partner de Duarte García Abogados (DG&A) –firma destacada en The Legal 500 (2023-2024) en las categorías Corporativo y M&A, y Trabajo y empleo–, quien también sostiene que – probablemente– la crisis generada por la guerra en Ucrania ha despertado gran interés por parte de las compañías legales europeas en invertir en la región, lo que ha hecho que hoy se evidencie un crecimiento de las mismas en este lado del continente.

"Igualmente, del 2022 para acá venimos viendo un fortalecimiento de las firmas de abogados vía fusiones y adquisiciones, algo que sigue imperando en Latinoamérica", explica Gómez.

A su turno, Juan Carlos Torres, socio a cargo del departamento de Litigios en Buriticá Abogados (compañía que hace parte del más reciente The Legal 500 en la categoría de Ciencias biológicas), afirma que existe una creciente tendencia hacia la regulación de todas las actividades económicas, generando más incertidumbre y barreras para el desarrollo económico. Según él, esto se debe a la tendencia en Latinoamérica de replicar los desarrollos e instituciones jurídicas europeas, abarcando temas ambientales, consumo, digitales y habeas data, entre otros.

Sin embargo, considera que no se realiza una adecuada adaptación a la realidad latinoamericana, caracterizada por un crecimiento más lento y estructuras sociales distintas.

"Como aspecto positivo, se observa que en los sistemas judiciales, tras la pandemia, el uso de tecnologías de la información se ha convertido en un elemento esencial para ofrecer alternativas a la congestión judicial y acercar la justicia al ciudadano común. Algunos países han avanzado más que otros. En Colombia, por ejemplo, la gestión judicial virtual se ha convertido en la norma, relegando la presencialidad a una excepción. Pronto veremos cambios en instituciones procesales tradicionalmente consideradas intocables, como la jurisdicción territorial y la inmediación de la prueba. Las cargas procesales podrían distribuirse entre juzgados según su carga de trabajo, independientemente de su ubicación territorial", precisa Torres.

En esa línea, agrega que abogan por que, en la región, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) se convierta en un objetivo clave de los sistemas de justicia, pues indica que es crucial superar miedos y prejuicios, y ver a la IA como una herramienta que puede ayudar a los jueces a ser más productivos y eficaces.

"No se trata de remplazar al abogado, sino de una herramienta para mejorar su eficiencia, al igual que lo fueron en su momento la informática y los sistemas de información”, anota el socio de Buriticá Abogados.

Las Tecnologías de la Información se han convertido en alternativas para la congestión judicial

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Una potencia en la evolución

Al respecto, Santiago Ruiz Nieto, socio fundador de la firma Ruiz Nieto Abogados, cree que si bien nos encontramos en una incertidumbre política por los gobiernos actuales, América Latina es una potencia en la evolución del derecho moderno, pues además de ser un atractivo de inversión, se vive in situ todos los temas relacionados con el cambio climático, reestructuración de la banca y la moneda, así como las nuevas tendencias laborales frente al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

"Las intervención de organizaciones internacionales como la OCDE ha consolidado un fuerte direccionamiento de los estados latinoamericanos para regular y atender esquemas en el cumplimiento normativo (compliance), que se hacen extensivos en la autorregulación de las compañías y permite alinear conocimientos, esquemas y procesos, que evitan la consolidación de riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional", señala Ruiz.

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