A manera de resumen, la emancipación es un proceso a través del cual se le otorgan a un menor de edad, entre los 14 y 17 años, ciertas facultades como si fuera mayor de 18 años, pues tiene las capacidades para regir su persona y bienes con ciertas limitaciones, de acuerdo con el motivo de la emancipación.
Según explica Jonny Torres Bustos, magíster en derecho de familia, docente de derecho de familia de la Universidad del Área Andina, en Colombia, se entiende la figura de la emancipación como el hecho mediante el cual se pone fin al ejercicio de la patria potestad, una figura que se encuentra regulada en nuestro ordenamiento legal en el Artículo 312 del Código Civil Colombiano.
“Para entender lo anterior, es necesario recordar que la patria potestad es una institución jurídica que consiste en un conjunto de derechos, atribuciones y obligaciones que ejercen los padres sobre sus hijos no emancipados, en razón a la relación paterno y materno filial que existe hacia ellos, entre cuyos fines están: la custodia y/o cuidado de los hijos, la educación, orientación y corrección de los hijos, la representación legal, la responsabilidad parental, las obligaciones alimentarias y, el usufructo y administración de los bienes de los hijos menores de edad”, comenta el docente.
Al darse la emancipación, dice Lina María Ortegón Suárez docente del programa de derecho del Politécnico Grancolombiano, “el menor queda con capacidad plena, esto es capacidad de goce de sus derechos, así como capacidad de ejercicio, lo que permite habilidad negocial y, en general, la posibilidad de celebrar cualquier acto jurídico”.
En el ordenamiento legal colombiano existen tres formas de emancipación: legal, voluntaria y judicial.
“La emancipación legal se suscita por la concreción de cualquiera de las siguientes causales: por la muerte real o presunta de los padres, por el matrimonio de los hijos, por haber cumplido los hijos la mayoría edad, o por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido”, indica Gabriel Buitrago Cueto, profesor y asesor del Área de Procesos Civiles, Comerciales y de Familia del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte.
De acuerdo con Jonny Torres Bustos, este tipo de emancipación no requiere formalidad adicional, autorización de las partes ni resolución judicial, pues la mera ocurrencia del evento descrito en la norma producirá la emancipación legal de pleno derecho.
Buitrago advierte que para que la emancipación legal se origine por causa de muerte se requiere el fallecimiento real o presuntivo de ambos padres, dado que de perecer tan solo uno de ellos la patria potestad no finalizaría, sino que recaería totalmente en el padre o madre sobreviviente.
Por su parte, agrega el profesor de Uninorte, “la emancipación voluntaria es aquella a través de la cual los padres, en común acuerdo con su hijo, declaran el fin de la patria potestad a través del respectivo instrumento público, siendo requisito indispensable contar con autorización o licencia de un juez de familia”. Es necesario advertir que esta debe protocolizarse ante notario.
De otro lado, la emancipación judicial, no es más que una sanción legal aplicable a los padres que, en ejercicio de su patria potestad, incurren en alguna de las causales contempladas en el artículo 315 del Código Civil, entre las que se hallan: el maltrato hacia sus hijos; su abandono; por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad o el haber sido condenados los padres a pena privativa de la libertad superior a un año.
Según explica Lina María Ortegón Suárez, para cada caso es necesario cumplir algunos requisitos y entregar determinados documentos.
“En la emancipación voluntaria se exige presentar el registro civil de nacimiento ante notario, y posteriormente la escritura pública ante juez para recibir el aval; la legal se demuestra, ya sea con el registro civil de defunción de los progenitores, por registro civil de matrimonio del hijo, o con el documento de identificación que acredite la mayoría de edad; y la judicial, con las pruebas necesarias para evidenciar la consumación de la causal alegada, testigos para el abandono, o sentencia judicial en lo penal”, señala.
Es de aclarar que para que la emancipación voluntaria se pueda otorgar al hijo menor, éste debe demostrar su capacidad para valerse por sí mismo tanto económica como física y mentalmente.
La emancipación judicial, añade Torres, se tramita ante la jurisdicción de familia (jueces de familia), pues requiere resolución judicial y son titulares de la acción los hijos, el padre o madre que no da origen a la causal en representación de sus menores hijos y el defensor de familia.
De acuerdo con los expertos, las tres clases de emancipación generan el mismo efecto: la finalización de la patria potestad. No obstante, advierte Buitrago, cada clase materializa dicho fin a través de figuras distintas; mientras que en la emancipación voluntaria y legal se habla de extinción de la patria potestad, en la emancipación judicial se alude a la privación o pérdida de la misma.
Por último, es importante señalar que, una vez ocurrida la emancipación es irrevocable. “Con todo y ello, la concreción de la emancipación no impide la fijación de alimentos en favor de los hijos, dado que, si bien concluye la patria potestad, no se extingue la filiación ni los deberes alimentarios, de crianza, cuidado personal, y educación derivados de la misma”, apunta Buitrago.
