Hace algo más de dos años se dio inicio a un esquema de administración de cesantías con el cual los afiliados pueden elegir el destino de sus recursos entre tres portafolios: corto plazo, largo plazo o uno combinado. No obstante, son muy pocos los usuarios que han tomado la decisión.
Por esa razón, son los mismos fondos de pensiones y cesantías quienes, de alguna manera, se ven se obligados a trasladar los recursos de sus clientes al portafolio moderado, según lo establecen las normas.
De acuerdo con reportes presentados por las AFP ante la Superintendencia Financiera, al cierre de octubre pasado, el portafolio que administran estas entidades supera los seis billones de pesos. De este monto, 5,86 billones están consignados en el fondo de largo plazo, mientras que sólo 172.135 millones de pesos están el el de corto plazo.
Cabe recordar que en cualquier momento los afiliados pueden tomar la decisión sobre el fondo en el cual quieren colocar sus recursos. Como se sabe, el fondo de largo plazo asume un poco más de riesgo, con lo cual hay mayor volatilidad que en el de corto plazo.
Actualmente, hay 5,39 millones de afiliados a los fondos privados y alrededor de un millón inscritos en el Fondo Nacional del Ahorro.
Se supone que debería haber más recursos en los portafolios de corto plazo, si se tiene en cuenta que la tasa de retiros supera hasta el 70 por ciento de las consignaciones.
Cifras de Asofondos indican que entre el 2011 y el 2011, se utilizaron 18 billones de pesos de las cesantías para atender necesidades relacionadas con la compra de vivienda, el pago de educación o en caso de desempleo, como está estipulado. Entre el 2010 y el 2011, el 44 por ciento de los recursos se utilizó para gastos asociados a vivienda, 32 por ciento para protección del empleado por desvinculación laboral y el 8 por ciento se destinó a educación.
Justamente, esa ha sido una de las grandes preocupaciones de los fondos, en la medida en que se pretende que las cesantías sean un mecanismo de ahorro.
INFORMALIDAD, UNA AMENAZA AL SISTEMA
La alta tasa de informalidad que hay en el país (58 por ciento de los ocupados) impide que muchos trabajadores puedan tener acceso a las cesantías.
De los 5,3 millones de afiliados al sistema (administradoras privadas de pensiones y cesantías, sin Fondo Nacional del Ahorro), hay 106.858 trabajadores independientes y 68.501 que hacen aportes voluntarios.
Pero adicionalmente, casi la mitad de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, lo cual hace muy difícil que puedan aportar para cesantías.