Con un concepto adverso respecto a la gestión de recursos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), finalizó una auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República sobre este tema y la cual incluyó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario y Fiduagraria.
(Lista para elegir Contralor General se cayó y deberá rehacerse).
Con respecto a los Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), se establecieron 15 hallazgos administrativos, de los cuales nueve tienen presunta connotación disciplinaria y 4 posible incidencia fiscal por $3.305 millones.
Sobre 4 hallazgos, se iniciarán indagaciones preliminares. El primero es “contrato de obra Consorcio Bolívar, municipio Carmen de Bolívar y otros” por $1.487 millones, donde proyectaron 202 viviendas y hay 147 sin ejecutar; el contrato de “Gerencia Integral CGV2012-010- municipio de Puerto Rico, Meta – Proyecto 4612092018” por $330,5 millones donde planearon 112 soluciones de vivienda, en donde, la CGR encontró 18 viviendas no construidas ni entregadas.
el proyecto mediante “contrato de obra No. 030 de 2018 Consorcio Construir – 2018. Proyecto No. 4615122085 – Norte de Santander” por $708,4 millones cuyo objetivo era dar 70 soluciones de vivienda, la CGR determinó detrimento por anticipo no amortizado; por último está el contrato de obra 208-2018 “proyecto 4615122026 MAGVIC – 01 (Magdalena – víctimas)” en el cuál planteó ejecutar 97 soluciones de vivienda y existen 77 sin realizar.
De igual forma, se evidenció incumplimiento en los tiempos dispuestos en las guías para la evaluación y subsanación de los proyectos, tiempo que en muchos casos excedieron más de un año, lo que generó retrasos en la construcción de las viviendas y el consecuente desfinanciamiento de los proyectos por el alza de los precios en el transporte y materiales.
(No se descarta un nuevo contrato para Aerocafé).
Como resultado de esta Auditoria de Cumplimiento (2021) se presentaron 36 hallazgos administrativos de los cuales, 11 tuvieron presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones; 29 con posible connotación disciplinaria y 2 con indagaciones preliminares en curso.
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