La norma que sube el precio tope de la vivienda de interés social (VIS) de 135 a 150 salarios mínimos fue firmada por los ministros de Vivienda y Hacienda, Jonathan Malagón y Alberto Carrasquilla, respectivamente.
Así, el Decreto 1467 dio vía libre al ajuste y pasará de $112 millones a $124 millones; algo que los constructores habían pedido para compensar el alto costo de la tierra y otros gastos asociados al desarrollo de los proyectos. La norma, de todas formas, es clara en el sentido de que el incremento aplicará “para las aglomeraciones urbanas definidas por el Conpes, cuya población supere un millón de habitantes...”.
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Igualmente, el Ministerio de Vivienda identificó que en seis de ellas se cumple esa condición: Bogotá, con 14 municipios; Medellin, con 9; Cali, con 5; Barranquilla, con 10, y Cartagena y Bucaramanga, con 3 y 4, respectivamente.
Para tomar esta decisión, un estudio del Ministerio “determinó la evidencia de presiones en el valor del suelo que generan dificultades en la provisión de VIS, en razón al alto peso del valor del suelo en la estructura de costos de la vivienda, al crecimiento acelerado del valor en relación con los costos de la construcción (...), y a la desaceleración generalizada en la oferta”.
Portafolio consultó a Andrés Arango, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Bogotá y Cundinamarca, quien recordó que la expedición y la entrada en vigor del decreto forma parte del trabajo que se viene haciendo para reactivar el sector”. De hecho, el directivo reconoció que este tipo de acciones son claves para revertir datos como el del PIB de edificaciones, que según el Dane cayó 5,6% en el segundo trimestre frente al mismo periodo del 2018.
Con este escenario, Arango destacó que la VIS es importante para darle la vuelta la situación y mejorar este y otros indicadores. “Aquí, lo importante es seguir trabajando para respaldar esta y otras medidas, en línea con la política de vivienda que impulsa el Gobierno, por ejemplo, con los programas Semillero de Propietarios y Mi Casa Ya”, dijo el dirigente.
Finalmente, insistió que el ajuste del precio tope de la VIS aportará a compensar los costos que surgen al desarrollar vivienda, pues “el gasto al legalizar el suelo en las aglomeraciones definidas en el decreto, se había convertido en un impedimento para las firmas edificadoras”, concluyó.
@GabrielFlorezG
