El sueño de unas 52.000 familias que se postularon, antes del inicio del gobierno de Gustavo Petro, al programa de subsidios Mi Casa Ya, para comprar su vivienda nueva, podría quedar truncado o al menos en el limbo y los postulantes, que ya están habilitados y a la espera del giro de la ayuda estatal para firmar escrituras, tendrán que seguir pagando arriendo mientras se define si finalmente son beneficiarios bajo el nuevo enfoque propuesto por la actual administración, que establece que los hogares postulados deberán contar con la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20.
(Las localidades de Bogotá con las viviendas más grandes y valorizadas).
Así se desprende del informe de observaciones y respuestas al proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda, que modifica las condiciones de acceso al programa estatal y que, según fuentes consultadas, ya habría sido firmado este jueves por el Ministerio de Hacienda (ya lo había hecho el Ministerio de Vivienda), sin contemplar un proceso de transición para quienes ya se habían postulado y resultaron habilitados, hicieron negocio con una constructora y están a la espera del subsidio.
En el documento, el Ministerio de Vivienda declaró ‘no aceptada’ una observación al proyecto de decreto que pedía que las modificaciones al programa empiecen a regir a partir de las nuevas postulaciones que se van a recibir en el 2023.
“El estado “Habilitado” no constituye la asignación de un subsidio, ni convierte al hogar en beneficiario del programa. Este estado es el resultado de una primera verificación de requisitos del hogar, la cual indica que este cumplió con varios requisitos del programa y puede continuar con su proceso para acceder al subsidio. Sin embargo, esto no significa que la entidad de crédito o de economía solidaria haya solicitado la asignación del subsidio a Fonvivienda, por lo cual el hogar aún no es beneficiario del programa, por lo anterior, si el hogar desea continuar con su proceso para ser beneficiario de un subsidio deberá cumplir con la reglamentación que se encuentre vigente al momento de la asignación del subsidio”, señala el documento oficial publicado en la página del Ministerio de Vivienda.
Y pese a que el 10 de marzo la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) presentó nuevamente al Minvivienda un documento con unas observaciones a esas respuestas, el cual fue conocido por Portafolio, la entidad oficial no tuvo en cuenta este punto clave, con el que también coinciden el mismo Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Fondo Nacional del Ahorro (entidad estatal) y la Asociación Bancaria, entre otros.
(Suben las alertas por el mercado de vivienda en Colombia).
Y advierte que, de aplicarse la nueva política estatal, en la que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) priorice a los hogares de manera previa a la verificación del cierre financiero y acceso a la oferta, habría hogares priorizados que a la larga no podrían acceder a los subsidios, por falta de cierre financiero o por no haber en el mercado la vivienda de su interés, pero mantendrían la falsa expectativa de ser beneficiarios del subsidio.
En las cuentas del sector constructor se calcula que las 52.000 viviendas con postulantes habilitados a la espera de la firma de escrituras implican una inversión de $6,3 billones como monto de las unidades habitacionales y, de este valor, $4,4 billones es el apalancamiento de los empresarios a través de crédito constructor.
Además, los constructores que emprendieron la edificación de estas viviendas y financiaron su ejecución con estos créditos estarán abocados a pagar intereses mensuales del orden de $78.000 millones, un sobrecosto que hace inviable a cualquier proyecto en cinco meses.
Y, además, los 52.000 hogares que quedan en vilo o en el limbo por no existir el esquema de transición, tendrán que seguir pagando arriendo, ya que no podrán habitar las viviendas por las que han ahorrado, cifra estimada en $20.400 millones mensuales.
Es decir que el costo para el país y los hogares de no entregar esas viviendas asciende a $98.400 millones al mes, es decir casi $1,2 billones de pesos al año.
Ómar G. Ahumada Rojas
Editor de Portafolio
