Termina una semana que comenzó con las medidas tomadas por el consejo extraordinario de ministros, convocado por el presidente Gustavo Petro en Ipiales (Nariño) y concluye con bloqueos en varios puntos de la geografía nacional como Barrancabermeja y La Apartada en la ruta de Medellín hacia la Costa Caribe.
Tanto el derrumbe en la vía Panamericana como las protestas y paros ciudadanos en Santander y en Córdoba mantienen en corto circuito los abastecimientos y la conectividad de regiones claves del país como el suroccidente, el oriente y el tránsito entre el interior y el norte.
La sociedad colombiana no es ajena a cortes permanentes en la comunicación entre distintos centros económicos del territorio, producidos por razones climáticas y por motivos políticos de descontento, entre otros detonantes.
Cortes que acarrean nocivos impactos no solo sociales sino económicos y empresariales.
Casi dos años después aún se siguen experimentando los coletazos de los bloqueos ilegales que caracterizaron el paro nacional de 2021 en temas de inflación y costo de alimentos, así como efectos en sectores como el avícola y el agro.
El 2023 arranca, de todas maneras, con una grave situación en Nariño que ya va para tres semanas.
El presidente Petro anunció un paquete de distintas medidas de corto plazo: garantizar abastecimiento de combustible por vías terrestres y marítimas, compra de cosechas, compra de tierras alrededor de la zona de desastre, trabajo con transportadores lácteos, limitación del precio de venta del gas licuado y la apertura de vías alternas.
En el largo plazo se contemplaría la construcción de la doble calzada Popayán-Pasto y la frontera.
No obstante, estas acciones de choque no están siendo implementadas y acatadas a cabalidad, al menos en sus primeros días.
A pesar de la invitación de las autoridades nariñenses a un mayor uso de modos de transporte sin combustibles como la bicicleta, las dificultades tanto del abastecimiento de combustibles como en actividades económicas como la construcción persisten.
El balance de estas medidas debería acelerarse y profundizar su despliegue.
También dentro de la evaluación debería contemplarse el uso de otros instrumentos legales de mayor envergadura.
Al otro lado del país, en varios puntos dentro del departamento de Santander, los bloqueos de la Ruta del Sol, que cumplen las tres semanas y surgieron por la aprobación de una licencia ambiental a un proyecto carbonero, ya superaron, de acuerdo a la Andi, las 2.746 toneladas represadas con unos costos de más de $5,5 mil millones.
A los desabastecimientos y afectaciones de alimentos y combustibles en la región se suman los viajeros y vehículos atrapados y los efectos en las cadenas sectoriales de la agroindustria, la metalmecánica, las manufacturas y la energía.
Hasta Ecopetrol redujo la carga de la refinería de Barrancabermeja. Por último, los habitantes de La Mojana cerraron el paso en la ruta entre Medellín y la Costa Caribe para demandar soluciones a las inundaciones que sufre la región.
En medio de unas duras perspectivas de desaceleración, alta inflación y caída en las actividades productivas y el empleo, la combinación de un invierno sin tregua y un corto circuito en puntos importantes de la conectividad del país tendrán impactos en el término inmediato y consecuencias en la economía y varios sectores empresariales.
La emergencia en el sur requiere elevar la naturaleza de las medidas ya tomadas mientras que, en los otros bloqueos al norte, el Gobierno Nacional debe hacer gala de su manejo político sin mayores demoras.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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