Al 55% de los colombianos le gustaría que el país tuviera un presidente como Nayib Bukele, según la encuesta Opinómetro de mayo.
La pregunta es ¿por qué la mayoría de los colombianos estaría dispuesto a tener un presidente con tendencias autocráticas, para emular en el país el inclemente trato del gobernante salvadoreño a la delincuencia? Una hipótesis es que el sorprendente respaldo surge de los elevados niveles de impunidad, la falta de severidad en los castigos a muchos delitos y la posibilidad que se discute de eliminar delitos menores de los códigos con el fin de reducir la congestión de las cárceles y los juzgados.
Mi preocupación viene al caso por una experiencia personal. Hace un par de meses fui víctima de un robo. Dos tipos en un carro se identificaron como policías; me pidieron documentos y luego procedieron a robarme. No pensé en poner un denuncio, porque percibí muy remota la probabilidad de una captura y que, si ella ocurriera, esos delincuentes estarían en las calles en pocos días.
Recientemente, tuve conocimiento de un caso similar, en el que la víctima sí denunció, pero la Fiscalía archivó el caso por tratarse de un ‘hurto bagatelar’. Lo sorprendente son los argumentos (cito parcialmente por limitación de espacio): “… observamos que con la denuncia, se tiene que el daño sufrido por la denunciante, no es más que una leve lesión en el cuerpo de la víctima, mientras que para el agresor, en el evento de una sanción, generaría una carga muy alta, teniendo en cuenta la pena impuesta para el delito, lo que podría violentar el principio de proporcionalidad…”. ¡Pobrecitos delincuentes!
En algún momento en que dudé en poner la denuncia, ilusamente pensé que la suplantación de la autoridad era un delito por el que seguramente sí podrían perseguir y castigar. Pero los argumentos para archivar el caso ni lo mencionan. Esto es algo que los malhechores conocen al dedillo y por eso actúan con tanta tranquilidad ante una población desprotegida y temerosa.
¿Qué cabe esperar? Que cada día se extiendan más estos delitos por la alta probabilidad de que la justicia no actúe. Pero esos problemas ‘bagatelares’ que no preocupan a jueces y policías, hoy generan los grandes problemas de mañana. Lo ilustran los colados del transporte masivo y la nefasta historia de las autodefensas; por el mismo camino pueden seguir la primera línea y las guardias campesinas, indígenas y cimarronas.
Para afrontar la congestión de cárceles y juzgados, antes que una autocracia a la Bukele, ¿no se deberían intensificar acciones orientadas a la educación vocacional, las políticas de empleo formal, campañas educativas y garantía de una presencia efectiva del Estado?
HERNÁN AVENDAÑO CRUZ
Director de Estudios Económicos de Fasecolda
