Hace apenas unas semanas, un tribunal canadiense desechó la última opción de demanda que tenía una ONG ecuatoriana de pobladores amazónicos para intentar ganarle a Chevron un pleito que inició hace más 20 años, que heredó de Texaco, cuyas pretensiones acumuladas sumaban unos 18.000 millones de dólares.
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Este resultado obedece, en buena parte, a la rigurosa investigación realizada por Andrés Otero, Yohir Ackerman y otros investigadores, que dejó en evidencia hechos de corrupción al interior de la justicia ecuatoriana, con la intención de aplicarle una millonaria multa a la petrolera, en favor de comunidades amazónicas, presuntamente afectadas por la actividad de explotación de hidrocarburos en la zona.
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Esa misma compañía, Guidepost Solutions, llegó a Colombia en marzo pasado al adquirir a la colombiana Custom Information Services, y comenzó a prestar este tipo de asesoría basada en el monitoreo de proyectos y la detección de alertas tempranas de corrupción o deficiencia en el desarrollo de la actividad empresarial y de servicios.
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“Todos los investigadores vienen del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese es el perfil de la gente con la que estamos trabajando”, afirma Andrés Otero, director de la firma en Colombia, cargo que comparte con Yohir Akerman.
Aunque el foco del negocio ha sido la empresa privada, Guidepost diseñó recientemente una metodología para aplicarla en entidades del Estado, con el fin de lanzar alertas anticipadas de riesgos de corrupción o fallas en procesos, y en las relaciones con la comunidad, que pueden resultar costosas para la Nación.
“Estamos trabajando en tres áreas de investigación: apoyo en litigios e investigación concentrada en arbitramentos, procesos civiles, acciones populares y de clase, donde Guidepost ayuda a la empresa o a la institución estatal a entender lo que realmente pasó. Por ejemplo, en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”, añadió.
De acuerdo con Otero, cuando la investigación indica que las acusaciones corresponden a la realidad y que la empresa sí estuvo involucrada en una situación irregular, se presta la asesoría sobre cómo enfrentar la negociación para la respectiva reparación.
En concreto, la tarea de Guidepost es realizar inteligencia litigiosa en el tiempo, porque muchos de estos hechos sucedieron hace muchos años. Sin embargo, otro de sus frentes de trabajo es la detección temprana de posibles hechos o actuaciones irregulares o dudosas de empleados, ejecutivos de empresas o funcionarios públicos.
Un caso que se ha vuelto común son las protestas de comunidades sobre el desarrollo de alguna actividad económica en una zona determinada, oponiéndose a los proyectos y movilizando a una población, con el fin de bloquear proyectos de todo tipo. “Se trata de personas dedicadas a supuestamente defender los recursos naturales, sin argumentos ni conocimiento técnico. Nosotros lo que hacemos es desenmascarar a los reales enemigos de ciertas empresas o grupos de interés que buscan sacar provecho económico”, afirma Otero.
Lo que se ha detectado es que cuando una comunidad se siente afectada por una actividad económica de terceros, aparece una ONG que dice representarlos, pero que le vende el pleito a una firma de abogados internacionales que, a su vez, se lo traslada a otra organización internacional, que eleva las pretensiones y gana pleitos millonarios, por perjuicios que ni siquiera se han causado.
“Como en el caso de Chevron en Ecuador, la realidad es que aún si la comunidad hubiera ganado el pleito, esos 18.000 millones de dólares nunca hubiera llegado a los directamente afectados”, aclaró.
De acuerdo con Otero, lo importante es saber quién hay detrás de cualquier situación que busque frenar un proyecto. “Por ejemplo, puede ser un político o un competidor del mercado, que busca sacar a su más duro contrincante de la carrera por quedarse con el proyecto. Esto se da incluso con contratos que ya están en marcha”.
El segundo frente en el que trabaja Guidepost es el monitoreo. “Este opera muy bien para el Estado. Esa fue la forma como el gobierno de Estados Unidos detectó los sobornos de Odebrecht en ese país y en América Latina”, dijo.
En la actualidad, Guidepost está haciendo la auditoría independiente para el programa de vivienda social en Estados Unidos, en donde se han detectado casos de corrupción por la mala calidad de los materiales y las deficiencias en las especificaciones de estas construcciones.
“La corrupción en el Estado genera incertidumbre empresarial. En Colombia, los inversionistas se abstienen de presentar proyectos para sacar adelante zonas deprimidas porque corren el riesgo, por ejemplo, de una demanda de restitución de tierras o una reclamación de la comunidad. Prefieren invertir su capital en otros sectores o en otros países”.
El tercer gran componente se refiere a la seguridad nacional, incluyendo ciberseguridad y riesgo informático. A ellos se agrega el componente del cumplimiento de los bancos.
Otero añadió: “Lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas a entender cuál es su verdadero enemigo. Si hay pecados de la compañía hay que hacer un plan para corregirlos”.
Otero dice que las empresas deben estar en capacidad de reponerse de un problema de deterioro de su reputación. “Tan es así que en septiembre próximo habrá una conferencia anticorrupción en Washington y la principal conferencista será la jefe de cumplimiento de Odebrecht. Ella va a contar qué han hecho al interior de la empresa en los tres años que llevan limpiando su imagen. Los procesos penales contra los ejecutivos continúan, pero la marca como tal no es la responsable de las irregularidades. La corrupción no se le puede achacar al nombre de la empresa, sino a los ejecutivos que cometieron las faltas, y es a ellos a quienes se les debe castigar. A la empresa se le puede multar para compensar a los afectados”.
Pero, ¿cómo limpiar la imagen? Las empresas saben que solo si hacen las cosas bien pueden recuperar su reputación. Por eso, en la mayoría de los casos tienen que cambiar sus procesos y ganarse los contratos y su reposicionamiento con calidad y transparencia.
Otero dice que en Colombia es más fácil sembrar marihuana que sacar adelante un proyecto minero o petrolero, porque hay intereses de particulares que viven de ganar pleitos ambientales.
