Cerca de 1.000 empleados del Banco Agrario que llevan casi dos años laborando en oficinas de al menos cinco edificios del centro de Bogotá tendrán que permanecer allí como mínimo por un año y medio más, lo cual genera sobrecostos por el pago de arrendamiento.
Así lo señaló el presidente de la entidad, Luis Enrique Dussán, al explicar las causas de esta decisión, generada por el incumplimiento de la firma Obras y Diseños S.A., que desde hace siete meses suspendió los trabajos y dejó varios pisos sin terminar. Hoy, la sede de la dirección general del Banco luce caótica, pues las pocas áreas que operan en sus instalaciones comparten espacio con materiales de construcción, equipos y escritorios arrumados, escombros y varias de sus ventanas se ven cubiertas de lonas protectoras de diferentes colores.
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Todo comenzó en el 2012, cuando las directivas del Banco Agrario fueron notificadas de que la estructura de este edificio tenía una inclinación de aproximadamente 10 centímetros, y presentaba alto riesgo de caerse ante cualquier sismo. En su momento, la junta directiva estudió dos opciones: comprar una nueva sede para reubicar a los cerca de 1.200 empleados que laboraban en el lugar, o contratar el reforzamiento estructural de la edificación. Como no había plata para comprar una sede, se optó por realizar las obras de ingeniería requeridas.
(Vea abajo cómo luce el interior de la edificación)
Se abrió la licitación y se adjudicó el contrato a la firma Obras y Diseños, por 16.795 millones de pesos, al tiempo que se inició el trabajo de desalojo y reubicación de las oficinas en el centro de Bogotá, mediante arrendamiento por un año y medio, tiempo que durarían los trabajos.
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Para la ejecución del proyecto fue designado como gerente Federico Zuluaga, quien un año después fue relevado por Jorge Orozco, y posteriormente, desde el segundo semestre del 2016, el cargo lo ocupa María Fernanda Álvarez. La interventoría la realiza la firma Ingetec.
La idea era convertir a este edificio, construido en los años 30 del siglo pasado, en una sede inteligente.
Con excepción de tres pisos, las 10 plantas adicionales del edificio quedaron desocupadas, y las obras, que iniciaron en el 2015, finalizarían en septiembre del 2016.
La constructora recibió al inicio de los trabajos un anticipo equivalente al 25% del valor total del contrato, pero luego se hicieron otros desembolsos, hasta llegar a giros que ya superarían el 40% de lo pactado. A finales del 2015, la constructora empezó a tener problemas financieros, que la llevaron a solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que la admitiera en proceso de reorganización, según consta en comunicaciones enviadas por Obras y Diseños al organismo de control el 18 y el 25 de febrero de 2016.
La Supersociedades admitió en reorganización a la empresa en abril del año pasado.
Tras sus dificultades financieras, la firma de ingeniería solicitó a comienzos del 2016 al Banco Agrario el giro de nuevos recursos y la ampliación del plazo para la entrega de los trabajos, fijados para septiembre del mismo año. Sin embargo, las dos solicitudes le fueron negadas.
La relación con el contratista tocó fondo en mayo del año pasado, cuando este decidió parar las obras a mitad de camino, en tanto que el plazo de entrega seguía agotándose.
Ante esta situación, las directivas de la entidad decidieron hacer un inventario de las obras realizadas frente a lo acordado con el contratista. La conclusión del Banco es que los trabajos apenas van en máximo 25%, aunque el contratista le dice a la entidad que esa cifra no es correcta y que en sus cuentas las obras están más avanzadas. La investigación interna señala que la firma realizó trabajos que no le fueron pedidos y se abstuvo de hacer otros que estaban contemplados en el contrato.
Portafolio conoció que aunque la junta directiva aprobó el proyecto de remodelación, solo fue informada de los problemas cuando los trabajos fueron suspendidos.
HAREMOS USO DE LAS PÓLIZAS: DUSSÁN
Tras la llegada de Luis Enrique Dussán a la presidencia del Banco, en junio del 2016, se tomó la decisión de dividir el caso en dos partes: una tiene que ver con hacerle frente a la situación jurídica del contrato, realizar las reclamaciones, hacer efectivas las pólizas de seguros y adoptar las medidas pertinentes relacionadas con la cancelación del mismo al momento de su vencimiento que estaba previsto para septiembre del 2016. La segunda parte consiste en iniciar la evaluación de las obras que faltan para luego abrir una nueva licitación y contratar a otra firma que entregue el edificio como se planteó hace cuatro años.
Dussán reconoce que la situación es compleja, pero indicó que se está buscando la salida rápida y lo menos traumática posible. “Hemos avanzado en la solución de este problema, pero el cronograma indica que aún con la contratación de una nueva firma, los 1.000 empleados no regresarán al edificio antes de junio del 2018, razón por la cual toca seguir pagando arriendo”, dijo Dussan. Indicó que la atención al público no se ha afectado, ya que el primer piso no se desalojó.