La posibilidad de que en un futuro el aseguramiento en salud, que hoy es atendido por alrededor de 40 EPS, se concentre hasta quedar en manos de un puñado de apenas 10 o 15, parece tener buen recibo en distintos actores relacionados con el tema.
Esta propuesta fue hecha a principios de esta semana por el exministro de Salud Jaime Arias, quien hoy representa a Acemi, el gremio de las principales Entidades Prestadoras de Salud (EPS) del régimen contributivo.
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“Irremediablemente nos vamos a quedar con entre 10 y 15 EPS importantes, grandes, serias”, dijo quien también fue ministro de Salud y Presidente del Seguro Social. Añadió que administrar una EPS pequeña puede llegar a ser tan complejo como hacerlo con una grande, pues en ambos casos tienen que llenar los mismos requisitos ante el Estado y brindar los mismos estándares frente a los afiliados.
Para Arias, la depuración no solo redundaría en la estabilidad del sistema a futuro, sino que posibilitaría una mejor vigilancia y control, función que hoy día corre por cuenta de la Superintendencia de Salud.
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Si bien el Gobierno actual no ha planteado hasta ahora ninguna medida al respecto, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha vaticinado en diversos escenarios que la inercia misma del mercado llevará a tener menos aseguradores en este campo.
El tema cobra relevancia, sobre todo porque el propio presidente electo, Iván Duque, ha planteado la necesidad de revisar el tema de las EPS, no solo en cuanto a ejercer un mayor control de la Supersalud sobre las que tengan deudas en mora no justificadas, sino en el sentido de cambiar el sistema de pagos por persona afiliada, como se hace hoy, para entrar a calificar el nivel de satisfacción de los usuarios dentro de esa contraprestación económica.
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¿TAMBIÉN DEPURAR IPS?
También Elisa Torrenegra, la presidenta de Gestarsalud, entidad donde se unen buena parte de las EPS del régimen subsidiado, coincide con el planteamiento de Arias y va más allá al considerar la conveniencia de que el decantamiento también alcance a las IPS, categoría en la que están los hospitales, laboratorios y demás instituciones que tienen contacto directo con los pacientes.
“La sostenibilidad ameritaría un saneamiento financiero, unas inversiones básicas en la red pública, una intervención de la complementariedad por parte de las entidades territoriales y una vigilancia muy cercana a todas las entidades”, añadió Torrenegra al hablar del trámite que debe surtir la consolidación del sector.
Sin embargo, no se trata de que las EPS terminen sufriendo de un gigantismo que las haga inmanejables, como ya ha ocurrido con algunas que, por estar bien ranqueadas, han recibido a los usuarios de las que han entrado en crisis.
De acuerdo con Torrenegra, el promedio de afiliados en el régimen subsidiado es de 530.000 afiliados por cada EPS, y en el contributivo, cerca 490.000, y lo ideal sería que puedan tener un número promedio de millón y medio a dos millones de usuarios bajo encargo. “Más no sería apropiado, porque se dificulta el control de la organización”, afirmó.
Por su parte, Arias calcula que en ningún caso la cantidad debería pasar de cinco millones de pacientes a cargo.
Hay que tener en cuenta que el Seguro Social llegó a contar con siete millones de afiliados y el malogrado grupo Saludcoop con más de seis millones, pero en la actualidad el ranquin es liderado por la Nueva EPS, con alrededor de 4,5 millones de usuarios, y Medimás, con 4,3 millones.
Les siguen Sura, con alrededor de 3 millones; Salud Total, con cerca de 2,7 millones y Compensar con poco más de dos millones de usuarios registrados.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
El primer criterio para la elección de las EPS que se mantendrían, según Arias, sería la solidez económica y organizacional, de manera que reúnan los requisitos para la habilitación que exige el Ministerio de Salud, algo que si acaso puede cumplir en la actualidad una decena de EPS.
Pero este aspecto no es suficiente garantía para los pacientes. Dos insumos adicionales para la clasificación serían los ránquines de quejas y reclamos de la Supersalud y los estudios de satisfacción de los usuarios. De hecho, en marzo pasado el Minsalud dio a conocer la última clasificación de calidad, en el cual Sura, Aliansalud y Sanitas lideran a las del régimen contributivo, mientras que Comfasucre, la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, y Comfacor son las primeras en el subsidiado.
Otra posibilidad, en opinión de Arias, sería distribución geográfica, de manera que las EPS sean asignadas a las regiones donde son más fuertes y tengan una mejor red de servicios médicos y hospitalarios.
De otra parte, para Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, más importante que discutir el tamaño de las EPS –pues entre grandes y pequeñas hay igualmente las que prestan un buen servicio y otras que lo hacen mal–, es definir su rol.
En ese sentido, el representante de las asociaciones de pacientes del país estaría de acuerdo con que las EPS continúen con su rol de aseguradoras, a la vez que se encarguen de las labores de promoción y prevención en salud, y que se les pague por eso. En cambio, “no deberían manejar los recursos, ni hacer intermediación (en la contratación con las IPS)”.
REFORZAR LA RED PÚBLICA
En las IPS públicas existen problemas de infraestructura física, dotación tecnológica y científica, así como de recurso humano.
Esto es importante debido a que son ellas en las que se apoyan las EPS para la prestación de sus servicios en los territorios más alejados y más las del régimen subsidiado.
“Esta red prestadora debe cumplir con todas las especificidades de dar un servicio en igualdad de condiciones, tanto en las zonas más alejadas, como en las grandes capitales”, expresa Elisa Torrenegra, presidenta de Gestarsalud.
También, deben contar con equipos extramurales que salgan de los hospitales hasta los sitios donde viven los afiliados, identifiquen e intervengan en lo posible los riesgos de manera temprana y oportuna, y así evitar que los usuarios lleguen a estados de salud decadentes.
