La acción de Sinpro solicita la nulidad del negocio alegando una violación a los derechos colectivos.Contra el negocio cursan además otras dos demandas ante el Juzgado 28 Oral Administrativo de Medellín, las cuales fueron instauradas de forma independiente por el colectivo ciudadano MedellínNosUne y Sinpro, y por el Sindicato Unigeep (Unión Sindical Grupo Empresarial EPM).
La demanda entablada por Sinpro y que fue admitida por el Juez 16 Administrativo, invoca una amenaza contra el patrimonio público, el cual, según los demandantes, no podría ser custodiado por Millicom.
Otro de los derechos colectivos que se verían amenazados con la fusión es la moral administrativa. Según la demanda, el proceso de negociación ha vulnerado los principios constitucionales de transparencia e igualdad, “, al no hacerse el proceso de democratización de propiedad establecido en la Ley 226 de 1995 (enajenación de la propiedad accionaria estatal), es decir, el mismo proceso que hoy se adelanta con la venta de Isagen”.
Finalmente el demandante asegura que se amenaza la universalidad del servicio de las tecnologías de la información y la comunicación. Explica que EPM es responsable del acceso universal a la telefonía y a los servicios TIC, por lo que dicha responsabilidad no se le puede trasladar a la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín, entidad que “no tiene ni los recursos ni las competencias para el desarrollo del acceso universal a las TICs”.