El Gobierno Nacional se mostró preocupado por las posibles repercusiones que la determinación de la Contraloría de embargar las cuentas de Coomeva podría tener en el sector salud del país.
En conversación con Portafolio, el jefe de la cartera, Alejandro Gaviria, señaló que “el Gobierno está preocupado por las consecuencias que pueda tener la decisión de la Contraloría en el sistema de salud, pues es evidente que esto no impacta solamente a Coomeva, sino a toda la cadena”.
Al respecto, Gilberto Quinche, gerente general del sector salud de Coomeva, resaltó que la entidad ya está tomando las medidas necesarias para que este proceso se resuelva con la mayor celeridad posible, y que ya han conversado con los prestadores de servicios, como clínicas, hospitales y centros de atención, los que “han manifestado su solidaridad y que continuarán prestando los servicios, porque tenemos convenios y contratos firmados”.
La declaraciones se dan luego de que la Contraloría General de la República ordenara el embargo a las cuentas de Coomeva EPS y medicina prepagada en medio de una investigación por presuntas inconsistencias en el cruce de cuentas entre estas dos firmas, generadas a partir de servicios de afiliados concurrentes (es decir, que pertenecen tanto a la EPS como a la prepagada) en dicha corporación.
En resumen, el órgano de control indaga si dineros de la EPS fueron destinados para pagar servicios de medicina prepagada.
Al respecto, Coomeva argumenta que “en Colombia coexisten las afiliaciones a EPS y al plan voluntario, porque cuando hay enfermedades que están excluidas en las segundas entidades son atendidas por las EPS.
Es un tema que da para grandes discusiones jurídicas, pero no estamos de acuerdo con que tenga que pasar por un congelamiento de recursos de la salud”, indicó Quinche.
“En la EPS, el 94 por ciento de los recursos que se reciben son para pagar servicios de salud, como consultas, hospitalizaciones y cirugías, por lo que cualquier monto (embargado) interfiere con la operación”, agregó el directivo.
En este sentido, expertos en el tema consultados por este diario compartieron la preocupación del Gobierno en cuanto a las implicaciones que esta determinación puede tener para los afiliados a Coomeva y el sector en general, especialmente en caso de que se dilate el proceso, por lo que recalcaron que los recursos de la salud son inembargables.
En medio del debate, la Contraloría emitió un comunicado de prensa en el que resalta que sus actuaciones están encaminadas a asegurar que el dinero de la salud no se destine a otras actividades y que “si ha ocurrido un daño fiscal, se persiguen los recursos propios para repararlos y así devolver los dineros al sistema (...) Las medidas cautelares, como su nombre lo indica, son cautelares y tienen una regulación legal que tanto la Contraloría General como los bancos y destinatarios de la medida, deben cumplir”.
EPS, EN MEDIO DEL DEBATE
En las últimas semanas, Coomeva no ha sido la única EPS en el centro del debate. Unas declaraciones emitidas por el Ministro de Salud respecto a las alternativas que se contemplan para el manejo de Saludcoop hicieron que la Contraloría fuera enfática en afirmar que “ninguna cooperativa privada puede ser capitalizada con recursos públicos, parafiscales o fiscales”.
Al respecto, conocedores del tema le dijeron a este diario que determinaciones de este tipo deben tomarse con cuidado -refiriéndose también a Coomeva- ya que redistribuir volúmenes de usuarios tan grandes como los de estas entidades puede hacer que el sistema colapse.
