Horas después de que el Gobierno colombiano solicitara al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la información que involucre a funcionarios y contratos del país con los sobornos pagados por la firma brasileña Odebrecht, agentes del CTI de la Fiscalía visitaron este jueves la sede de Cormagdalena, ubicada en Bogotá.
(Lea: Ponen la lupa sobre contratos de Odebrecht en el país).
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena es socia de Odebrecht en el proyecto Navelena, una sociedad constituida en el 2014 con el objetivo de recuperar la navegabilidad del río Magdalena entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y Bocas de Ceniza (Atlántico), el cual abandonó cuando estalló el escándalo por el caso Petrobras.
Durante la inspección judicial, las autoridades solicitaron copias de la documentación del proyecto, con el fin de recaudar información en caso de ser requeridad en un eventual proceso.
Odebrecht fue condenada por Estados Unidos este miércoles por el pago de sobornos para obtener contrataciones en varios países.
(Lea: Lío de Odebrecht en Brasil deja en la cuerda floja a Navelena).
En revelaciones hechas por esta constructora, se conoció que en Colombia Odebrecht habría pagado más de 11 millones de dólares para llevarse contratos que superaron los 50 millones de dólares.
SEGUIMIENTO A SOBORNOS
El Gobierno nacional agregó este jueves que cancelará los contratos en los que se comprueben actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, señalada por Estados Unidos de pagar millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas en el país entre 2009 y 2014.
"En el momento en que se demuestre de manera clara que hubo el pago de sobornos (...) el Estado colombiano no dudará de ninguna manera en tomar las decisiones necesarias para terminar de manera unilateral sus contratos y para evitar que Odebrecht siga teniendo negocios" en el país, dijo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, a la emisora 'Blu Radio'.
El funcionario pidió una "acción contundente, rápida y eficaz de la justicia colombiana" para esclarecer los sobornos por más de 11 millones de dólares que la gigante constructora pagó para adjudicarse obras públicas en el país, con las que logró beneficios superiores a los 50 millones de dólares, según las autoridades estadounidenses.
Por ello, aseguró, el miércoles el gobierno pidió "celeridad" a la fiscalía colombiana para iniciar una cooperación judicial internacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No podemos permitir que una "empresa criminal como lo ha sido Odebrecht siga haciendo de las suyas", afirmó.
La Presidencia había dicho en un comunicado que la firma brasileña ha tenido tres contratos con el Estado. El primero de ellos en 2009 en la Ruta del Sol sector 2, un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe, ejecutado durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En esta licitación, según el Departamento de Justicia, un funcionario colombiano recibió un soborno de 6,5 millones de dólares. La Presidencia aseguró que durante este proceso solo se habilitó un proponente y aún no se ha finalizado.
Adicionalmente, hubo otros dos proyectos, ambos en el mandato del presidente Juan Manuel Santos: la vía Puerto Boyacá - Chiquinquirá (centro), adjudicada en abril de 2012, en la que según el gobierno hubo 16 aspirantes y que fue terminada "a satisfacción".
El otro es la iniciativa para darle navegabilidad al río Magdalena, el más importante del país, licitada en agosto de 2014 por el director de la estatal Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena). Odebrecht pagó sobornos en nueve países latinoamericanos por "centenas de millones de dólares" para obtener contratos, según documentos divulgados el miércoles por Estados Unidos.
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