La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) diseñó un paquete de propuestas sobre los desafíos y acciones que se deben desplegar en este renglón de la economía.
Según el presidente de Andesco, Gustavo Galvis, la política pública de los servicios públicos debería enfocarse en: 1. Inversión en infraestructura. 2. Calidad, cobertura y continuidad. 3. Inserción a la economía digital. 4. Seguridad y eficiencia energética. 5. Cosecha del agua y lucha antideforestación. 6. Seguridad inversionista. 7. Regulación inteligente y eficiente. 8. Fortalecimiento de mercados.
En acueducto y alcantarillado proponen incentivos económicos que garanticen la oferta hídrica en condiciones de cantidad y calidad, como tasas ambientales, retributivas y compensatorias; incentivos a inversión en infraestructura y modernización; esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso; cofinanciación del Estado para tratamiento de aguas residuales; crear la Agencia Nacional del Agua; aprovechamiento de materiales y residuos orgánicos para uso energético; prestación de área limpia en las ciudades; fortalecer control y vigilancia de residuos especiales y peligrosos; nuevas tecnologías en aseo y residuos sólidos; incorporar costos ambientales de la disposición final; sector energético; fortalecer la institucionalidad del sector; desarrollo sostenible de proyectos de infraestructura de energía eléctrica y gas; impulsar movilidad sostenible; y establecer la eficiencia energética como política pública contra el cambio climático.
En energía eléctrica dicen que se debe impulsar la integración eficiente de las fuentes de energía renovables no convencionales mediante incentivos; impulsar las ciudades inteligentes; y mejorar la cobertura.
En gas natural sugieren garantizar el abastecimiento con incentivos a la explotación; uso de energéticos de bajas emisiones; y la ampliación de cobertura. En TIC y TV: Creación de un solo organismo regulador; habilitar todos los servicios de TIC y audiovisuales; promover el desarrollo de sectores TIC y audiovisuales; más acceso a las TIC; simplificación y flexibilización del marco normativo, y reducción de cargas públicas, tanto de impuestos (nacionales y territoriales).