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03 abr 2024 - 11:04 a. m.

'Intervenciones a EPS no son expropiación o transferencia al Estado': Andi

Así se pronunció oficialmente el gremio de los empresarios sobre la más reciente medida adoptada por la Supersalud contra Sanitas. 

Presidente de la  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.

Archivo particular

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03 abr 2024 - 11:04 a. m.
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A los pronunciamientos sobre las implicaciones que tendrá para los colombianos la intervención anunciada por la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, ayer se sumó  la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi que, entre otras cosas, señala que desde hace meses se ha advertido  el riesgo de una 'crisis de gran tamaño' en el sector salud ante el desfase entre costos e ingresos en el sistema de aseguramento. 

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"Esta situación se vio agravada por la decisión del Estado de restringir el flujo de recursos hacia el sistema, lo que fue advertido incluso por la Corte Constitucional", señaló.

Igualmente, la Andi recordó que  "se hizo un llamado a poner en marcha un plan de salvamento del sector salud que garantizara el correcto funcionamiento de todos sus agentes y la atención de los pacientes, el cual fue repetidamente ignorado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia".

En ese sentido, el gremio agregó que "advirtió que sí era previsible y que si no se ponía en marcha un programa de esta naturaleza, se afectaría de forma permanente a muchos de los agentes del sistema. Hoy en día nos preguntamos ¿Cuál es la responsabilidad legal y política de las autoridades por esta situación?".

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"Con la intervención de Sanitas se llega a un acumulado de más de 25 millones de colombianos que hoy en día están bajo la responsabilidad de entidades intervenidas, mixtas o públicas, es decir bajo la responsabilidad directa  del Estado. No sólo los pacientes sino toda la contratación y manejo de recursos que implica asumir esa responsabilidad", señaló en el comunicado.

Para el gremio de los industriales, estas as intervenciones "fueron definidas por nuestro marco jurídico para garantizar la prestación del servicio correspondiente a los ciudadanos y, en el caso de la salud, a los pacientes, pero en ningún caso esto significa que se trate de una expropiación o transferencia de la propiedad de las empresas al Estado, sin ningún tipo de compensación o pago por las mismas. Por lo tanto, al intervenir la responsabilidad no sólo es con los pacientes y ciudadanos, sino también con la defensa de la propiedad privada que es parte de nuestra Constitución".

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Atención EPS

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De otra parte, dice la Andi al presentar su posición oficial, "cabe preguntarse ¿Cuáles son las justificaciones en los casos de cada una de las intervenciones?  Incluyendo las causas derivadas de la responsabilidad del Estado y la falta de flujo de recursos, así como las mejores capacidades del Estado para cumplir funciones que son otorgadas a las EPS".

Planteó también que es momento de que la sociedad, los entes de control y la justicia vigilen y auditen integral y profundamente cada intervención. "Se debe evitar que ese mecanismo, creado para defender a los ciudadanos, pueda ser objeto de abusos", añadió.

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Finalmente, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que "sería inconcebible que esta medida haya sido tomada en retaliación por la decisión del Congreso de la República de considerar el voto de ponencia negativa respecto a la reforma a la salud. La democracia no es el ejercicio de imponer posiciones al resto de la sociedad, sino el ejercicio de construir decisiones colectivas. De manera que, si se trata de una reacción a la decisión del Congreso de la República, estaríamos hablando entonces de una situación inaceptable dentro del marco constitucional colombiano”

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
REDACCIÓN PORTAFOLIO 

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