En esas 24 palabras puede resumirse la posición de la Conferencia Episcopal Colombiana, cuyo secretario, monseñor Juan Vicente Córdoba, agrega que dicha reglamentación “tiene que enmarcarse dentro de la garantía del derecho fundamental a la salud”. El Gobierno está a punto de expedir la normatividad que regirá el otorgamiento de permisos para las medicinas biotecnológicas, para lo cual presentó una propuesta que, en general, es respaldada por la Conferencia Episcopal Colombiana En carta enviada a la ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, suscrita, además de monseñor Córdoba, por los directores de Misión Salud y la Fundación Ifarma, Germán Holguín y Francisco Rossi, respectivamente, y el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, le dicen que el planteamiento regulatorio del Gobierno “se ajusta a los criterios y principios con los que nos hemos involucrado en este debate” y le señalan algunas diferencias que tienen con el borrador en discusión de esa cartera. Y debate, ciertamente, es lo que ha tenido la propuesta del Ministerio y en el cual han participado la industria farmacéutica multinacional y nacional, asociaciones de pacientes, académicos, profesionales de la salud y sus asociaciones y centros de investigación, entre otros. La iniciativa oficial, como ha enfatizado Londoño, tiene como objetivo principal garantizar la calidad de las medicinas, concepto en el que están implícitas su seguridad y eficacia, y posibilitar el ingreso de productos competidores a un mercado estimado en 800 millones de dólares. Los biotecnológicos son medicamentos costosos utilizados en el tratamiento de enfermedades como cáncer y artritis reumatoidea.
Sus elevados recobros al Fosyga, por no estar en el Plan Obligatorio de Salud (POS), fueron protagonistas en la crisis financiera del sistema. La competencia será clave para reducir sus precios.
En su carta a Beatriz Londoño, monseñor Córdoba, Holguín, Rossi e Izasa señalan que algunos países han preferido optar por decisiones regulatorias que apunten más a mejorar la competitividad de sus industrias, que a la defensa de la salud de sus ciudadanos, como es el caso de la Unión Europea.
La posición de Afidro y de asociaciones de pacientes está en línea con la autoridad regulatoria europea, lo que para algunos agentes del mercado, como Asinfar (gremio de los laboratorios nacionales) y académicos significa bloquear el ingreso de competidores y, por ende, precios altos.
Un reciente estudio de Fedesarrollo muestra cómo algunos medicamentos biotecnológicos que se venden en Colombia tienen precios muy por encima de los registrados en países como el Reino Unido.
Precisamente, los firmantes de la carta a la Ministra indican que “es particularmente llamativo el que, justamente en la UE y por estos días, se encuentre en discusión pública, una revisión del tipo de pruebas que se requerían para los productos competidores (Biosimilares), especialmente las pruebas clínicas, cuyas implicaciones éticas siempre habíamos puesto de relieve”.
