La decisión se tomó “con el ánimo de hacer las precisiones y aclaraciones que el caso amerita”, dijo el ejecutivo, en carta a la periodista María Isabel Rueda, quien destacó este tema en su columna de EL TIEMPO, del pasado domingo, titulada David Contra Goliat.
Estupiñán, además, aclaró que remitió a la directora de la Unidad Administrativa de Contratación, María Margarita Zuleta, los documentos relacionados con el proceso de suministro de los equipos. El mismo proceso lo surtió con el Zar Anticurrupción, Carlos Fernando Galán.
En su columna, la periodista dijo que había cierto tipo de coincidencias en los pliegos de licitación de muchas entidades del Estado para que sólo puedan presentarse proveedores que ofrecen la marca Hewlett Packard. Vale la pena aclarar que esta marca, precisamente, domina las oficinas de los bancos del grupo Aval y del BBVA; además, desde hace seis años está también en los sistemas del Banco Agrario.
La licitación tiene un costo de tres millones de dólares anuales y comprende todo un paquete computacional (desde servidores y software hasta terminales de usuarios final) para mantener 750 oficinas y 6.000 empleados ‘en línea’, así como para administrar la información de 600.000 clientes, quienes le deben al banco, 8 billones de pesos.
También, el servicio posventa que incluye el mantenimiento de los equipos y del software que soporta las operaciones. La licitación se mantendrá suspendida, hasta tanto, Galán y Zuleta no entreguen sus informes acerca de las posibles falencias que pudiera tener el proceso. Sin embargo, el presidente del Banco
Agrario pidió a estos dos funcionarios que las evaluaciones las hagan de forma expedita, pues podrían paralizarse algunas operaciones del banco.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
