La decisión que tomó la Corte Constitucional hace un año, de mantener la suspensión del avance minero en el tajo La Puente, puso un freno de mano a la operación del Cerrejón y llevó a la administración de este complejo a reformular su plan minero.
En diálogo con Portafolio, Guillermo Fonseca, nuevo presidente del Cerrejón, no duda en afirmar que esta decisión, informada por el alto tribunal a través de los medios de comunicación, y de la cual aún no han recibido notificación oficial, los llevó a disminuir la capacidad de producción de la mina.
“Actualmente estamos operando en algunos tajos que finalizarán su etapa productiva en el corto plazo y necesitamos acceder a las reservas en La Puente, para recuperar los niveles de producción de los últimos años”, aseguró.
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¿Por qué la administración de Cerrejón decidió recortar su meta de producción para el 2019 a 29 millones de toneladas, tres menos que la que se registrará al cierre del 2018?
El potencial de generación de valor de Cerrejón está atrapado, dado que la compañía está produciendo y exportando en la actualidad cerca de 30 millones de toneladas al año, con una capacidad instalada para llegar a 40 millones de toneladas anualmente, es decir, un 25% por debajo de nuestra máxima capacidad. Este potencial que se está dejando de aprovechar representaría para el país ingresos fiscales anuales adicionales cercanos al medio billón de pesos, acompañados de un incremento proporcional en el número de empleados y de trabajadores de empresas contratistas, que hoy representan alrededor de 6.000 empleos directos y más de 6.100 a través de contratistas.
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Con esta meta de producción, nivel que no se presentaba desde el 2012, ¿cuál es la proyección en la operación a mediano y largo plazo?
En el escenario actual y ante la imposibilidad de acceder a estas reservas, nos mantendríamos por debajo de las 30 millones de toneladas anuales. Nuestro principal objetivo, no le quepa duda, es volver a los niveles de operación anteriores, pero para ello necesitamos poder desarrollar los proyectos que nos permitan incrementar nuestra producción. En especial el del tajo La Puente, que cuenta con licencias y permisos completos y cuya obra se finalizó hace más de dos años. A partir del momento en el que tengamos acceso a las reservas de La Puente podríamos aumentar en 10% nuestra producción en los meses siguientes.
Ante la decisión de la Corte Constitucional por el tajo La Puente, ¿cuál será la estrategia de la administración para mantener la producción por encima de las 29 millones de toneladas?
En los últimos años y en especial durante el desplome de los precios del mercado del carbón (2013-2017), nos hemos adaptado para mantener nuestra competitividad. Hoy estamos en un mejor escenario de precios que se debe a circunstancias no estructurales y por eso debemos mantener la austeridad para estar preparados para nuevas fluctuaciones a las que con seguridad tendremos que enfrentarnos.
Es así como realizamos ajustes para mejorar la productividad de nuestros equipos mineros, revisamos nuestros procesos para identificar oportunidades de actividades que no agregaban valor y aplazamos inversiones que, dadas las circunstancias, no eran posibles de realizar.
¿Cuál ha sido la gestión del Cerrejón ante el citado caso, más cuando no han logrado conseguir que el alto tribunal le haga la notificación oficial?
Aunque no hayamos sido notificados por la Corte sobre esta decisión, acatamos la orden de mantener la suspensión del avance en la operación minera en el tajo La Puente, informada a través de los medios de comunicación en noviembre del año pasado. El nuevo cauce del arroyo Bruno ya está finalizado y se ha comportado tal y como se diseñó. Los monitoreos realizados durante los últimos dos años, desde la culminación del desvío del arroyo, nos muestran resultados positivos sobre la estabilidad del cauce, el volumen del caudal y la estabilidad del ecosistema.
Si no se soluciona rápido este impasse con el alto tribunal, ¿qué frentes de la operación se verían afectados, además de la producción?
Desde el inicio del proyecto, cuando buscábamos mantener niveles de producción anteriores, y hoy por la suspensión ordenada por la Corte, con la cual no podremos recuperar esos niveles de producción, hemos sido claros en los impactos negativos para la región y el país, en términos de no poder mantener cerca de 1.100 empleos asociados al proyecto, así como el aporte fiscal que representa, estimado en cerca de $150.000 millones anuales entre impuestos y regalías.
Al instalar la Mesa Interinstitucional, como lo ordena la Corte Constitucional, ¿cuáles son las inquietudes que se abordarán?
Las inquietudes señaladas por la Corte Constitucional sobre el proyecto La Puente 1A se relacionan entre otras, con las consecuencias de la intervención del bosque seco tropical, efectos del cambio climático y las garantías de las funciones del arroyo Bruno desde el punto de vista social y ambiental. Acá es importante resaltar que este proyecto, antes incluso del fallo de la Corte, fue evaluado en 2016 por las 16 entidades del orden nacional y regional que conforman la Mesa Interinstitucional para revisar los impactos del proyecto sobre la oferta hídrica, señalando su viabilidad y destacando el ‘Plan integral de compensaciones asociado’.
Con la operación actual de Cerrejón, ¿cuánto le dejaría el complejo al país en impuestos, regalías y derechos para 2018 y 2019?
Bajo los precios actuales del carbón y la estimación de 29 millones de toneladas anuales de producción y exportaciones, se calcula que Cerrejón podría aportar $1,4 billones en regalías e impuestos en 2019. Para este año, se proyecta un pago de $1,6 billones por dichos conceptos.