Hace unos días, el Procurador General dijo que en el país, la “corrupción en la salud mata más gente que la guerra”.
Paralelamente, la Universidad Central realizó un evento con los protagonistas del sector, entidades públicas y privadas, para buscar estrategias que permitan sacar a la salud de esta situación. Portafolio habló con Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi, el gremio que reúne a las EPS más grandes del país, sobre este tema y el sector en general.
Como representante de las EPS, ¿qué le responde a la acusación del Procurador?
Es una frase muy llamativa del Procurador, pero no es cierta. La corrupción en el sector de la salud no se ha estimado. Él habla de 50 billones al año y, en realidad, ese monto es lo que cuesta todo el sistema.
En el sector hay problemas de todo tipo. Por ejemplo, existe evasión y elusión. Las contribuciones valen unos 15 billones anuales y se calcula que entre el 20 y el 30% están afectados por este delito, lo que indica que serían 5 billones de pesos que se dejan de percibir y que se quedan en los bolsillos de quienes no pagan lo que es.
¿Se trata de la corrupción hormiga?
Exacto. Son cadenas de pequeñas organizaciones haciéndole daño al sistema en muchas formas. Esa pequeña corrupción tiene un costo alto.
¿Qué otro tipo de corrupción han descubierto, además de los grandes escándalos del sector de la salud?
Hay unas organizaciones agrupadoras de personas para afiliarlas al sistema de salud. Algunas de ellas cumplen con los requisitos establecidos para realizar esa tarea, pero hay muchas, la mayoría, que les piden a personas independientes que hagan el aporte, ellos las afilian al sistema en grupo, y los llevan al médico a que les atiendan sus problemas puntuales, a un costo alto, pero una semana después los desafilian. Este es un fraude enorme al sistema.
¿Qué otros casos de corrupción hormiga han detectado?
Se habla de carteles de terapias. Se trata de grupos dedicados a promover terapias de diferente tipo, aunque muchas de ellas no funcionan.
En realidad, como el Gobierno ha taponado la gran corrupción en el sistema de salud, se ha desatado una oleada de delitos contra el sistema a nivel regional y municipal. Los casos de corrupción se han trasladado del ámbito nacional al territorial. Son miles de pequeños casos que le hacen daños al sistema y que van desde pedir atención en cosas que no están incluidas, hasta los que no aportan nada al sistema pudiendo hacerlo.
Pero esa corrupción ha existido toda la vida...
Con seguridad. Lo que pasa es que los escándalos nacionales no la dejaban ver. Por ejemplo, los paramilitares eran los dueños y señores del sistema de salud en las regiones, tanto en EPS como IPS. En su momento ellos casi que administraban este sistema.
El Contralor General ha sido muy claro en denunciar que la contratación en el sistema es movida por los políticos. En los municipios, el sector salud es el de la plata, el de los puestos y el de los contratos. Por eso se lo han tomado los políticos locales.
¿A qué conclusiones llegaron?
Se acordó entrar en una etapa de propuestas para solucionar los problemas del sector, dejando a un lado la avalancha de diagnósticos, sin aplicar correctivos. Lo primero que se dijo es que cada uno de los protagonistas del sector debe hacer su tarea de manera correcta.
¿Y cuál es el paso a seguir?
El Ministerio de Salud tiene que garantizar la transparencia y los entes de control deben afinar lo que están haciendo. En segundo punto, la Supersalud debe vigilar las 40 EPS y 15.000 IPS.
¿Qué se dijo respecto a los riesgos del sistema?
Esa fue una tercera conclusión. Es necesario implantar un sistema sólido de prevención del riesgo en el fraude digital, bases de datos e información. La idea es hacer lo que ha venido haciendo el sistema financiero, que trabaja mucho en temas de protección de sus operaciones.
Pero ¿hay normas suficientes para atacar los problemas de corrupción?
El Ministro de Salud, dijo en este evento que otro de los problemas es que hay una sobreproducción de normas para el sector, que ya no se sabe cuál deroga a cuál. En Acemi recibimos mensualmente cuatro o cinco proyectos de Ley, de decretos o resoluciones que debemos analizar.
Entonces, ¿es hora de simplificar procesos?
Esa fue una de las conclusiones del evento. Tenemos que simplificar y llevar al sistema de salud a disponer de una información robusta.
Las IPS dicen que las EPS les deben unos $15 billones. ¿Eso es cierto?
Ese es un misterio que tienen que resolver el Gobierno y las autoridades de control. El problema es que no hay información contable. Las cuentas que ellos presentan son diferentes a las que nosotros tenemos de la atención a nuestros afiliados, y quién concilia eso.
¿Qué balance tiene de la desaparición del POS?
Esto ha servido para borrar las fronteras entre el contributivo y el subsidiado. Eso de que desapareció el POS no es tan cierto. El Ministerio de Salud sacó un POS pero con otro nombre. Ahora se llama Plan de Beneficios. Allí hay entre 8.000 y 9.000 tecnologías.
El no POS sigue existiendo. Se trata de productos de alto costo y tratamientos que siguen siendo restringidos. Tan existe el no POS que el Ministerio ha desarrollado algo que se llama “mi prescripción”. El médico dice que le va a formular algo que no está en la lista de autorizados y lo envía al Fosyga. No es una exclusión, pero el médico, en su autonomía, lo está formulando.
Vigilancia especial para las ESE
El procurador Fernando Carrillo, el contralor Edgardo Maya y el minis- tro de Salud Alejandro Ga- viria, anunciaron vigilan- cia especial a las Empresas Sociales del Estado para prevenir ineficiencias y corrupción, y propender por la prestación de los servicios de salud, y su impacto en el nivel territorial.
La Procuraduría De- legada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, realizan vigilancia a la gestión de las ESE, encontrando casos críticos, los cuales serán abordados, sin per- juicio de las acciones pre- ventivas y disciplinarias a las que haya lugar. La auditoría se hará a los hospitales públicos de Valledupar, Pasto, Barranquilla, Popayán y Bucaramanga.
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