Con estas, se garantiza un trabajo articulado de todos los actores, los recursos aportados y las capacidades en torno al diseño, implementación y evaluación.
Las compañías con políticas de gestión social responsable, normalmente delimitan sus actuaciones y operaciones en torno a sus áreas de influencia y grupos de interés. Esto permite que se desarrolle un concepto de comunidades y de intervenciones sociales puntuales.
No obstante, los impactos reales y efectivos no siempre van más allá de pequeñas territorialidades y no siempre se mira a la sociedad como un todo interconectado, que trasciende el ámbito, de la delimitación territorial. Las grandes problemáticas sociales son multiterritoriales y se conectan entre sí, generalizándose y expandiéndose de forma vertiginosa por todos lados.
De allí, que sería de suma importancia poder entender y atender desde una visión holística y global las problemáticas sociales, cuya solución va más allá de pequeñas intervenciones y que exige replantear los modelos de intervención, para incluir el concepto de megaproyectos dentro de sus actuaciones, sin que ello demerite o contrarreste otras acciones.
Además cada compañía debería aportar intervenciones de gran impacto, basado en alianzas público-privadas, que cuenten con operadores o administradores de dichos megaproyectos, que bien podrían ser las universidades, para articular a todos los actores, los recursos aportados (financieros, humanos, técnicos, tecnológicos) y las capacidades en torno al diseño, implementación y evaluación de los grandes proyectos sociales, que cuenten con una amplia cobertura territorial y mayor número de beneficiarios.
Deben estar alineados con la agenda global de desarrollo, así como con las políticas internas prioritarias, para que finalmente estén orientados a obtener los mejores impactos. Las inversiones sociales de las compañías cuentan, con importantes recursos, y si se le suman por ejemplo, los de los excedentes financieros del sector solidario, los fondos de cooperación internacional y los de inversión social, así como los propios recursos públicos, se podrían crear megaproyectos que interpreten propósitos comunes, que impacten a la sociedad y ayuden a resolver sus problemas esenciales, ineludibles e inaplazables, en los sectores del hábitat, la alimentación, la educación y la generación de ingresos.
Sin lugar a dudas, se podría estar hablando, en este escenario, de cambios estructurales en las dinámicas de la sociedad, para orientarla por mejores rumbos. Mientras no se logren crear megaproyectos público-privados de inversión social, y cada actor juegue solamente en su propio nicho, o con alianzas público-privadas segmentadas, la cadena de problemas de orden social nunca logrará detenerse, pues mientras salen unos, entran otros a ese ciclo, y cualquier inversión que se haga no será suficiente para resolver, o al menos minimizar sus impactos, sobre el conjunto de las comunidades y de la sociedad.
Esto, genera riesgos y externalidades permanentes sobre las mismas empresas, pues estarán permeadas por comunidades inestables e indignadas, que demandan cambios y solución a sus problemas. En consecuencia, focalizar los recursos de la RSE o de los excedentes financieros de las cooperativas, más allá de sus límites territoriales, logrará a largo plazo resultados más duraderos y promisorios para el país y el mundo.
JUAN CARLOS MONTOYA A.
POLITÓLOGO
