Comenzó una semana crucial para el futuro de la crisis de Monómeros, la empresa agroindustrial que se ha visto en el ‘ojo del huracán’ en las últimas semanas luego de la toma de control de la Supersociedades como respuesta a “irregularidades” económicas y administrativas.
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Luego de hacer público su descontento con la medida de la entidad colombiana, la empresa anunció que presentaría los recursos de ley correspondientes para que la Supersociedades revirtiera la decisión.
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Portafolio conoció que la empresa finalmente presentó el viernes pasado (último día) los recursos de reposición y apelación contra la decisión de la Supersociedades, para lo cual se contrataron asesores externos.
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A este complejo panorama se le suma la presión que ha ejercido el régimen de Nicolás Maduro sobre la recuperación del control de los activos venezolanos en el extranjero con los que condiciona el compromiso de la oposición venezolana en los diálogos con la oposición que se retomarían el viernes de esta semana en la capital mexicana.
“Monómeros es una compañía que tiene mercado, que hay demanda de fertilizantes. Qué tristeza que por un tema político puedan acabar la compañía”, dijo Jorge Bedoya, presidente de la SAC.
En diálogo con Portafolio, Carmen Elisa Hernández, expresidente de la junta directiva de Monómeros, confesó que esta diatriba política ha afectado la confianza de los proveedores sobre el futuro administrativo de la compañía por lo que, a su juicio, tanto Colombia como Venezuela deberían trabajar conjuntamente para encontrar un solución pacífica al conflicto.
Es importante precisar que, como consecuencia de haber estado enlistada en la OFAC, la firma agroindustrial no puede acceder a la compraventa de divisas, por lo cual se ha apalancado en créditos con sus proveedores extranjeros desde hace dos años y medio.
La exdirectiva, una pieza clave del interinato de Juan Guaidó, propone que la empresa pueda acceder a recursos por medio de la banca de segundo piso, como Bancóldex, con lo cual pueda ponerse al día con sus obligaciones contractuales con sus proveedores extranjeros, de los cuales depende el 80% de su materia prima.
“Tengo la confianza de que en el mayor interés del Gobierno colombiano de preservar el activo de los venezolanos y el tema de seguridad alimentaria va a ayudar a la empresa a buscar los elementos de financiamiento a través del Estado por medio de un crédito”, señaló Hernández.
“Aunque ese paso es difícil de dar sin un trabajo conjunto, una reestructuración y un control y vigilancia estrecha de las instituciones colombianas sobre cómo se manejen estos recursos. Esto traería tranquilidad a nuestros proveedores”, complementó la exdirectiva.
Esta petición también fue reclamada por la Asamblea Nacional (2015) controlada por la oposición venezolana.
Cambios en el gobierno corporativo
En la actualidad, la junta directiva de la empresa agroindustrial está conformada por representantes del G4, el grupo de cuatro partidos políticos venezolanos que integran el interinato de Juan Guaidó.
Así las cosas, este grupo administrativo cuenta entre sus miembros con Luis Alfieri Hurtado (Primero Justicia); Jean Paul Dugarte (Acción Democrática); Fernando Mariano Paredes (Acción Democrática) y Guillermo Salvador Pérez (Un Nuevo Tiempo).
Por su parte, la gerencia general la ocupa desde principios de este año Luis Guillermo Laprea.
En una comunicación emitida la semana pasada, el líder opositor venezolano anunció una reestructuración de la junta directiva, así como un proceso de auditoría externa sobre la firma.
El aparente favorecimiento de representantes políticos en los cargos de la junta directiva fue uno de los argumentos que presentó la Superintendencia al momento de elaborar sus conclusiones sobre la orden de la toma de control.
De acuerdo con el documento, la decisión de una entidad financiera estadounidense de no permitir el acceso al mercado de la compraventa de divisas se debe a estas fallas de gobierno corporativo, ya que el perfil de los miembros de la junta directiva no está relacionado con la industria petrolera o petroquímica.
El actual gerente general de la compañía, Guillermo Rodríguez Laprea, agregó que existe la posibilidad de diseñar políticas conjuntas de gobierno corporativo que permitan la participación y la veeduría del Gobierno colombiano.
Otras alternativas
Paralelamente a estas dos opciones se está considerando la posibilidad de que los activos venezolanos en el extranjero, como es el caso de Monómeros o Citgo (EE. UU.) pasen a un fideicomiso con supervisión de organismos multilaterales. Así lo sostuvo Julio Borges, miembro del partido Primero Justicia y representante del interinato de Juan Guaidó.
“Desde hace un año hemos creado una propuesta para proteger a los activos es pasarlos a un fideicomiso. Buscamos que los activos sean manejados por los gerentes más profesionales y tengan una vigilancia de un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo”, dijo Borges.
De acuerdo con esta postura, el objetivo sería “sacar” la política de las empresas ya que “los partidos no están para manejar empresas, ni Monómeros ni Citgo”.
Lo que está por venir
Si bien la firma ya presentó los recursos ante la Supersociedades, aún resta por evaluar si son aceptados o no o si requieren nuevas pruebas. En el caso de esto último, el proceso podría extenderse por unos dos meses aproximadamente.