Desde agosto pasado el país ha estado pendiente de la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio contra las cinco empresas que concentran el 95 por ciento del mercado de pañales en el país y que durante 15 años se habrían puesto de acuerdo en precios y calidades de productos.
Este fenómeno llamado cartelización ha puesto el tema de las infracciones a la libre competencia en la agenda nacional y aumenta la relevancia del Segundo Congreso Internacional de Competencia que se realiza en Santa Marta entre el 20 y el 21 de noviembre.
Uno de los conferencistas será Luis Berenguer, fundador de la Comisión Nacional de la Competencia de España, exeurodiputado y asesor de organismos como la Comisión Europea y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Portafolio habló con él.
¿Sobre qué se centrará su conferencia?
El tema será el programa de clemencia, que en Colombia se llama programa de delación. Esta figura entró en vigor en España en el 2008, cuando yo era presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y ha sido un éxito. El primer día, había siete peticionarios de clemencia haciendo cola, luego ha seguido habiendo. Hasta ahora van de 10 a 12 expediente sancionados con este programa.
¿Cuáles son las tendencias internacionales en protección a la libre competencia?
Se está extendiendo mucho este tipo de legislación. La primera vez que hubo un programa de clemencia fue en Estados Unidos, en 1978, pero estaba mal diseñado y se modificó en 1993, con un gran éxito. La Comisión Europea aprobó su primer programa en el 96 pero no tuvo éxito total.
Fuera de beneficios para los delatores, ¿qué más debe haber?
Son muchos los sistemas y hay quien propone incluso que a quien delate a sus compañeros se le pueda entregar una parte de las multas que se impongan, pero no conozco ninguna legislación que esté en estos términos. Para el éxito de un programa de clemencia hay que, primero, extender la cultura de la libre competencia, porque hay muchos sectores empresariales donde lo normal es repartirse el mercado, pactar precios y producción entre los competidores. La segunda cuestión es que haya posibilidades reales de pillar a quienes formen un cartel y se le impongan sanciones drásticas. Recuerdo que en la última modificación de la legislación colombiana se aumentó mucho el importe de las multas, por lo cual ya se dan esas condiciones.
El tercer requisito son las garantías. Nadie se va a pegar un tiro en el pie y es posible que el delator considere que aporta pruebas suficientes para condenar al cartel, pero que la autoridad piense que no y en esos casos se debe asegurar que los datos y documentos no van a ser utilizados para perseguirle.
¿Es conveniente la cárcel contra los carteles?
Ese es un debate que en los foros internacionales está promoviendo Estados Unidos, donde este es un delito. En Europa, la corriente mayoritaria es contraria a la penalización, porque para meter a alguien a la cárcel hace falta un estándar mucho mayor de pruebas que para una sanción administrativa. Lo que es muy disuasorio es aumentar la conciencia de lo dañino que resulta el daño reputacional, es decir la noticia en los periódicos de que la empresa ha sido sancionada por prácticas contra los consumidores.
¿Falta una instancia internacional para sancionar estos casos?
Hay acuerdos internacionales que crean espacios económicos regionales, y hay varios de estos, pero no hay una autoridad mundial en materia de competencia. En las conversaciones de la OMC hubo algunas propuestas, pero como se necesitaba unanimidad en la votación, fue imposible. No existe y no es previsible que exista; precisaría de unos medios descomunales.
¿La institucionalidad colombiana está madura en el tema?
Yo creo que sí. Dentro del ámbito latinoamericano tienen las autoridades mejor valoradas en materia de competencia.
Hay algo en su legislación que me hubiera gustado tener en España, y es que se puede sancionar a los funcionarios que atentan contra la libre competencia –cita el caso del alcalde de Bogotá, fue sancionado por la Superindustria–.
AUTORIDADES REQUIEREN DE MEJORES HERRRAMIENTAS
De acuerdo con Luis Berenguer, en general hacen falta más instrumentos para perseguir y castigar las infracciones contra la libre competencia. Por ejemplo, en España favorecería poder hacer allanamientos y acceder a los correos de los ejecutivos, etc, “con todas las garantías procesales y con supervisión policial por supuesto”.
Fuera de eso, no son suficientes los medios materiales ni el personal, como inspectores y expertos en temas tecnológicos.
“En la medida en que la autoridad tenga más instrumentos y medios, habrá más posibilidades de luchar contra los carteles y quien quiera formar un cartel lo pensara mejor”, añade el experto internacional en competencia.
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