Cuando todo mundo creía que la pirámide DMG estaba sepultada, está a punto de darse un paso que promete al equipo liquidador de la entidad poder disponer de unos 100 mil millones de pesos para las víctimas del descalabro del imperio que montó David Murcia Guzmán.
El dinero procederá de la venta de tres lotes que suman seis hectáreas en un valorizado sector del norte de Bogotá, los cuales podrían venderse por el orden de los 98.000 millones de pesos, más otros bienes de menor valor. Tan pronto como se moneticen, se daría por concluida la última etapa de la liquidación.
Así las cosas, la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, considera que la partida de defunción de la pirámide se estaría expidiendo hacia diciembre o a principios del 2017, siempre y cuando no salgan más escollos como los que le ha tocado sortear.
La información de los terrenos en mención fue encontrada en el 2008, mientras las autoridades rastreaban los bienes ligados con DMG, con el fin de pagarles a las víctimas de David Murcia Guzmán.
Según consta en el expediente, estos le fueron comprados a la inversora Colbank por terceras personas, pero el destinatario final era DMG. El pago se hizo en efectivo, como muchas de las transacciones que efectuaba la pirámide, pero antes de que se hiciera el traspaso estalló el escándalo por defraudación y captación ilegal de dinero.
Luego, Colbank alegó que la venta nunca se protocolizó en notaría y por tanto no era válida. Incluso, ofreció cancelar los 23.000 millones de pesos que le pagaron por los predios Las Mercedes, El Bihar y la mitad del San Antonio, ubicados en la autopista norte con calle 192, al lado de un parqueadero del Sistema Integrado de Transporte (SITP). No obstante, ni la liquidación ni la Superintendencia de Sociedades aceptaron la propuesta porque el valor de los predios se ha multiplicado por cuatro.
Escollos en el proceso
De acuerdo con Perry, el proceso sufrió estancamientos sucesivos debido a que Colbank interpuso en el último año casi 20 tutelas y dos recusaciones contra los funcionarios de la Súper alegando que se habían extralimitado porque no tenían facultades para quitarles los bienes.
Pero ese no era el único enredo. El Bihar fue sometido a extinción de dominio, pues el narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘el Mellizo’ lo mencionó como suyo. “Esto ha sido terriblemente dispendioso”, dice Perry.
En febrero pasado y tras considerar que había sorteado los líos que enredaban los terrenos, que suman seis hectáreas, la Supersociedades los incorporó a la masa de bienes de la liquidación.
Solo El Bihar quedó pendiente de una aclaración por problemas formales en su documentación. Sin embargo, hace unos días el superintendente para Procesos de Insolvencia, Nicolás Polanía, expidió un auto que resuelve el obstáculo.
De acuerdo con la liquidadora Perry, los pasos siguientes serán la inscripción del terreno a nombre de DMG en la oficina de Instrumentos Públicos, que la Fiscalía levante las medidas cautelares y haga la entrega efectiva a DMG, y la expulsión de un invasor.
Luego el terreno, cuya extensión suma cerca de seis hectáreas, irá a subasta. Si no resulta un comprador, será más dispendioso, porque toca adjudicar la propiedad por partes iguales entre unas 60 mil víctimas de DMG.
La liquidación también queda pendiente de la venta de otros bienes por 3.516 millones de pesos. Entre ellos hay varios locales comerciales en Cali y un lote en Jamundí (Valle), que valen más de 300 millones de pesos, y otras propiedades en Pasto por unos 900 millones de pesos.
Si bien estos inmuebles han sido el mayor dolor de cabeza de Perry, también representan la oportunidad para que las víctimas de Murcia reciban una suma casi igual a la que les han entregado hasta ahora: 102 mil millones de pesos. Con ello se alcanzaría a cubrir poco menos del 20% del total defraudado, que asciende según algunos cálculos a 1,2 billones de pesos.
Falta fallar sobre 150 demandas
Todavía existen unas 150 demandas contra el Estado por el caso DMG. Sin embargo, de acuerdo con la liquidadora de la pirámide, María Merced Perry se espera que los fallos sean favorables. El sustento de ese optimismo es que en más de 500 que se presentaron contra la Presidencia de la República y las superintendencias Financiera y de Sociedades por víctimas que consideraron que estos no aplicaron controles ni correctivos, los jueces consideraron que la responsabilidad fue de los inversionistas, pues año y medio antes de la intervención de DMG ya se había advertido sobre la posible captación ilegal y existía una sanción.
“Lo importante es que la gente tome conciencia de que no puede entregar plata a entidades no vigilada por la Superfinanciera”, puntualizó Perry.
Néstor Alonso López
Redacción Portafolio