Embargo de títulos de Triple A es una expropiación: España

Voceros de la Comunidad de Madrid afirman que la confiscación de acciones de la filial del Grupo Inassa, es el “secuestro de un activo”.

Inassa tiene parte en la Triple A, de Barranquilla.

Inassa tiene parte en la Triple A, de Barranquilla.

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octubre 17 de 2018 - 10:23 p.m.
2018-10-17

En momentos que la disputa entre Colombia y España por el caso de Electricaribe está calentando motores, se presenta un nuevo enfrentamiento, de igual o mayor envergadura, esta vez por el tema del Grupo Inassa y la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla.

(Lea: Fiscalía ordenó el embargo de acciones de Inassa en Triple A). 

El embargo ordenado por la Fiscalía General de Colombia de la totalidad de las acciones (60’376.424) que Canal de Isabel II (empresa de la Comunidad de Madrid) posee a través de su filial Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios) en Triple A se convirtió en otro florero de Llorente.

La confiscación de los titulos que adelantó el ente investigador y que tiene al país ad portas de comparecer nuevamente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una Institución del Banco Mundial, para fuentes en España, es considerada una expropiación. “Colombia se ha apropiado del activo de otro país, que pertenece a una empresa pública de otro Estado. El mensaje que nos han dado es claro: ‘O pasas por el aro o te pasamos por el aro’”, le manifestó un vocero de la Comunidad de Madrid al portal de noticias ‘El Confidencial’, de España. Incluso, este vocero fue más allá e indicó en el citado medio digital que fue una “operación orquestada”, que casualmente llegó cuando el Canal Isabel II había decidido vender su 85% en Inassa (y por ende, su participación en todas sus filiales).

(Inassa anuncia que se defenderá de la Fiscalía colombiana). 

“Los socios colombianos no querían que vendiéramos” enfatizó el vocero a ‘El Confidencial’, y precisó que con la decisión de la Fiscalía se empantana el proceso de enajenación. “Está claro que con esto se frena la venta de Inassa”, recalcó.

Este vocero además subrayó que para llevar a cabo la operación ya habían contratado por 900.000 euros (más de US$1 millón) al Banco Santander para que supervisara todo el proceso.

EL CONTEXTO 

Cabe recordar que la Fiscalía una vez tomó posesión del paquete accionario lo pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

Así mismo, que el ente investigador se amparó para realizar la confiscación en la Ley 1708 de 2014, más conocida como de ‘extinción de dominio’.

“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones... El valor de dichas acciones, según cifras contables de la compañía, ascendería a los $202.000 millones”, señala en un comunicado de la Fiscalía.

El ente investigador enfoca sus averiguaciones en un contrato de asistencia técnica que Inassa prestó a su filial Triple A.

“Los elementos recaudados indicarían que el objeto del contrato de asistencia técnica nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia (empresa del Canal Isabel II que tiene el 85% de Inassa) y la compañía panameña Slasa (dueña del otro 15%)”, precisó el Fiscal, Néstor Humberto Martínez.

El ente investigador posee entre otras pruebas las declaraciones de Edmundo Rodríguez Sorbino, ex presidente de Inassa, quien afirmó que la matriz cobró por este servicio el cual nunca prestó.

Al paso de las aseveraciones del fiscal Martínez, ‘El Confidencial’ señala en su informe que “el Canal siempre ha defendido que esas asistencias técnicas se ejecutaron y aportó más de 5.000 folios de documentación para acreditarlo. Además, tres informes periciales realizados por Grant Thornton en abril y junio de este año analizan cómo se realizó esa asistencia técnica y cuánto costó”.

A renglón seguido precisa el portal de noticias que uno de esos informes cuantifica los gastos que hubiera tenido que abordar Triple A si no hubiera contado con la asistencia técnica de Inassa. La matriz cobró $246.846 millones (73,3 millones de euros) por esa asesoría.

ACUERDO SIMULTÁNEO

Pero lo que más llama la atención de la empresa Canal Isabel II y su filial Inassa, es que la Fiscalía decidió embargar las acciones de Triple A, cuando representantes de la empresa de servicios públicos llevaban meses negociando con la Procuraduría General de la Nación.

“Nos hemos reunido semanas antes en Madrid e íbamos a seguir en Colombia. Y el 5 de diciembre estaba previsto un de acto de conciliación. Admitimos que hay exdirectivos de Inassa que han podido meter la mano en la caja, nosotros lo denunciamos y les dijimos que queríamos llegar hasta el final”, le indicó el vocero a ‘El Confidencial’.

Al respecto, el procurador Fernando Carrillo, en su última vista a Madrid, confirmó que se han realizado encuentros con el fin de abrir un diálogo para establecer los montos de reparación por el daño y la indemnización al Estado colombiano.

El jefe del ministerio público reveló que sus peritos descubrieron contratos falsos de asistencia técnica por más de US$80 millones.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

El alcalde Barranquilla, Alejandro Char, tampoco se quedó por fuera de la polémica, a través de su cuenta de twitter señaló “que las preocupaciones del Comité Intergremial y demás dirigentes locales sobre el futuro de la Triple A son “comprensibles”.

Por su parte la SAE convocó el pasado martes una asamblea general de accionistas la cual se llevó a cabo a pesar de la petición del Comité Intergremial del Atlántico para que aplazara la cita.

“No se entiende la celeridad con la que el Gobierno a través de la SAE, ha convocado dicha Asamblea General, ni tampoco que no se haya permitido a los estamentos de la ciudad postular hojas de vida para integrar la nueva junta directiva de Triple A”,
reza un comunicado del comité.

En la elección de los nuevos miembros de la junta, el Distrito perdió uno de los dos asientos que tenía en ella y se le dio paso a un representante de los accionistas minoritarios.

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