La autorización condicionada a la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para participar en la subasta del control de la generadora Isagén, abrió un nuevo debate en torno a la privatización de las acciones que el Gobierno tiene en la empresa generadora, equivalentes al 57,66 por ciento.
El organismo de control y vigilancia señaló que para que la empresa controlada por el Distrito pueda tener una integración con Isagén, deberá salir de los derechos políticos (poder de voto) que tiene en las firmas Emgesa y Codensa, así como hacer desinversiones en algunos activos, principalmente en una central térmica en la que la Transportadora de Gas Internacional (TGI), controlada por la EEB, tiene participación.
El análisis de la SIC concluyó que si bien la EEB no tiene la mayoría de las acciones ordinarias con derecho a voto (43,6 por ciento de poder político en Emgesa y el 42,8 por ciento en Codensa), ello no implica que no pueda ejercer influencia en el desempeño de estas firmas.
La Superintendencia evidenció, tanto en Emgesa como en Codensa, una serie de mecanismos que le permiten a la EEB ejercer un contrapeso al control operativo ejercido por la italiana Enel (que controla la operación de estas empresas de forma indirecta).
Según la resolución 5545 del 6 de febrero, expedida por la entidad, las dos firmas tendrían una participación del 31,13 por ciento en la energía firme a través del cargo por confiabilidad, frente a un tope regulatorio del 25 por ciento.
“En generación la EEB, a través e Emgesa, tiene el 18,96 por ciento del mercado, medido en términos de generación de energía firme a través del cargo por confiabilidad, e Isagén tiene una cuota del 12,17 por ciento”, señala el documento.
HABRÍA APELACIÓN
Tras ser notificada de la decisión, la EEB aseguró que presentará los recursos legales que considere convenientes para defender los derechos de ejercer la actividad de generación, y expandirse en el mercado, así como para pedir que se respeten las reglas de inversión en el sector energético nacional.
Agrega que, en su pronunciamiento, la SIC condiciona una inversión controlante en generación a que se desinvierta en una empresa de generación y en otra de distribución, firmas que hoy no se controlan estructuralmente, según su criterio.
Incluso, señala que en caso de que se llegara a interpretar de manera diferente ese control, le solicitaría al Gobierno que notifique al grupo italiano Enel y a la española Endesa sobre esta posición, y que se dé claridad a EEB sobre las implicaciones de esta interpretación, independientemente de que se concrete o no la compra de Isagén.
La presidenta de la compañía, Sandra Stella Fonseca, aseguró que espera que esta decisión no esté cambiando las reglas de inversión definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el sector energético, “donde la normativa de integración vigente, inicialmente no explicaría los condicionamientos de la SIC”.
A juicio de Germán Corredor, director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, la salida de los representantes del Distrito de las juntas directivas de Emgesa y Codensa (que ejercen poder político en las firmas) no es algo tan grave, y habría que ver con detalle los activos que le obligan vender a la EEB.
Agrega que habría que analizar qué tanto representa para la EEB una eventual renuncia de sus derechos políticos en el manejo estratégico de sus inversiones de capital en estas dos empresas.
"Si para ellos Isagén es estratégico, de pronto están dispuestos a vender unos activos que no lo son tanto”, señaló.
NO TODOS IRÁN A LA SIC
CONCEPTO ES SOLO PARA LOS QUE ESTÉN EN EL PAÍS
Según fuentes enteradas, las posibles empresas interesadas en el control de Isagén, que no tengan operación en Colombia, no deberán someterse al examen de la Superindustria.
Pero representantes de firmas de inversión insistieron en que el precio de venta es muy caro con respecto al de otras generadoras de América Latina.
Agregan que si la EEB supera este escollo, sería un oferente fijo, pues Isagén le resulta estratégica.
G. ARGOS NO APELÓ, PERO EL GOBIERNO SÍ
Aunque el Grupo Argos no interpuso recurso de reposición a los condicionamientos que en su momento le fijó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Gobierno sí pidió la reconsideración de estas medidas.
Este diario conoció que el 28 de enero, dos días antes de que Argos comunicara al mercado su decisión de no participar en la subasta de Isagén, a través del abogado Mauricio Jaramillo el Ministerio de Hacienda radicó un escrito en el que solicitó dar aplicación a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y no impedir que los interesados con participación inferior a los límites establecidos pudieran participar en el proceso de enajenación de acciones. Fuentes conocedoras de la situación indicaron que si bien hay un límite del 25 por ciento para los generadores de energía, este es independiente de la facultad que la SIC tiene para rechazar integraciones cuando lo estime conveniente.
Agregan que el Gobierno decidió hacer esta solicitud para que los condicionamientos, al vencimiento del plazo para apelar, no quedaran en firme.
UNA PRIVATIZACIÓN QUE HA TENIDO VARIOS ALTIBAJOS
Desde que, a finales de julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la venta de las acciones del Gobierno en Isagén, el proceso ha tenido más factores en contra que a favor.
A las acciones judiciales que han pedido medidas cautelares, entre ellas las del expresidente Álvaro Uribe, se sumaron varios cuestionamientos por el precio al que salió la generadora.
Luego de iniciarse con un monto de venta de 2.850 pesos por acción, al proceso le llovieron críticas de varios sectores, que decían que la valoración era muy baja, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a incrementar el precio mínimo para la subasta del 57,66 por ciento de las acciones, a 3.178 pesos por acción (cerca de 5 billones de pesos).
Si bien el año pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negó las medidas cautelares al exmandatario, el año no comenzó bien para el proceso, pues la Superintendencia de Industria y Comercio –al igual que con la EEB– le condicionó la eventual operación al Grupo Argos (a través de Celsia y la Empresa de Energía del Pacífico) a la venta de algunos activos en el sector de generación.
A la semana siguiente se conocieron los resultados preliminares de la primera fase de la venta, dirigida al sector solidario, entre los que están los fondos de pensiones y cesantías, según los cuales la demanda no habría superado el 0,04 por ciento. A la fecha, estos resultados no se han consolidado.
Y hace un poco más de una semana, el Grupo Argos sorprendió al mercado al señalar que no entrará en la puja, argumentando que la rentabilidad esperada frente al monto de la inversión no cumpliría las expectativas de generación de valor para sus accionistas.
Desde el Gobierno y el mercado financiero se ha conocido el posible interés de cuatro inversionistas internacionales en hacer ofertas por el control de la generadora de energía.
Entre ellos están la francesa GMF Suez, las estadounidenses AES (opera la central de Chivor) y Duke Energy, así como la brasileña Cemig. Sin embargo, a la fecha se desconoce si alguno se presentará al proceso de precalificación.
