Los elevados costos de las tarifas de energía han levantado las alertas del Gobierno Nacional. De hecho el presidente Gustavo Petro dijo por medio de su cuenta de Twitter que buscaría una reunión con gremios del sector para revisar qué está pasando. Este encuentro entre el Ministerio de Energía y los gremios se llevará a cabo hoy.
(Lea: Minhacienda descarta fondo de estabilización para electricidad).
Tras el anuncio, la ministra de minas y Energía, Irene Vélez, y la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, informaron que se trabajará en una serie de frentes para frenar el alza en tarifas de este servicio público. Varias de las soluciones y los temas centrales que fueron abordados por las funcionarias ya habían sido apuntadas por varios gremios que señalaban una serie de necesidades regulatorias.
Un primer punto del que se habló fueron los indexadores. Se trata de unos índices, con cuya variación se calculan los cambios en varios de los componentes de la tarifa. Actualmente se usan el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el IPP (Índice de Precios al Productor) como indexadores. Históricamente, el IPP no había sido superior al IPC, sin embargo, por cuenta del conflicto Ucrania - Rusia, esta tendencia se revirtió.
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Jhon Toro, presidente de Air-e, empresa que reemplazó a Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira, explicó que esta indexación ha significado que las compras de energía que el año pasado costaban $202.000 millones, para este vaya en $310.000 millones. Para esta empresa, el costo por kilovatio en agosto llegó a $916, la tercera tarifa más alta en el país y su costo más representativo corresponde a generación (31%). Esto se explica porque el indexador que se le aplica a este componente es el IPP.
Dentro de las propuestas que lanzó el Gobierno se está "considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa" en el corto plazo, señaló Ruiz. Adicionalmente puntualizaron que para el mediano plazo el objetivo era buscar un indexador específico para el sector.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que es una propuesta interesante, pero que se debe dar con criterios técnicos para que la decisión sea la mejor en el largo plazo.
Por su parte, Javier Lastra, presidente de Afinia, señaló que se debe tener en cuenta que la relación entre índices ha sido históricamente diferente, por lo que un cambio en el que se aplica podría afectar en el largo plazo. Considera que podrían ponerse bandas que marquen los topes para las aplicaciones de las alzas de los indicadores, con lo que en épocas de fluctuaciones, estas tengan techo.
(Además: No tomar decisiones políticas con tarifas de energía, pide Andesco).
Ahora bien, hay otro componente con un gran peso en el costo de la energía que entregan las empresas que remplazaron a Electricaribe y es el de pérdidas de energía. Estas se dividen en pérdidas técnicas y por robo. Esta se incorpora a las facturas a de los consumidores, con especial fuerza en el caso de la Costa Caribe. En el gráfico se puede ver que, para Air-e, esto representa 20% del kilovatio y en el caso de Afinia, 17%.
Al respecto, Sánchez señaló que este es un peso que se le debe quitar a los consumidores y que podría ser asumido, al menos por un tiempo, por el gobierno nacional. El impacto sería mayoritariamente relevante para los usuarios de la costa, aunque para el resto del país esta es una tarifa más marginal.
Para esto se requiere de dinero que podría provenir del Presupuesto General de Nación. Por eso, Toro destaca que esta es una iniciativa que debe ser hecha por el ejecutivo.
Este cambio también fue propuesto por Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. De acuerdo con el mandatario local se debería revisar específicamente el IPP.
Ahora bien, hay otro componente con un gran peso en el costo de la energía que entregan las empresas que reemplazaron a Electricaribe y es el de pérdidas de energía. Estas se dividen en pérdidas técnicas y por robo. Esta se incorpora a las facturas a de los consumidores, con especial fuerza en el caso de la Costa Caribe. En el gráfico se puede ver que para Air-e, esto representa 20% del kilovatio y en el caso de Afinia, 17%.
Frente a este tema, Sánchez señaló que este es un peso que se le debe quitar a los consumidores y que podría ser asumido, al menos por un tiempo, por el gobierno nacional. El impacto sería mayoritariamente relevante para los usuarios de la costa, aunque para el resto del país esta es una tarifa más marginal.
Para esto se requiere de dinero que podría provenir del Presupuesto General de Nación. Por eso, Toro destaca que esta es una iniciativa que debe ser hecha por el ejecutivo. Sobre este tema Pumarejo señaló que en esta región del país podría revisarse la fórmula para que se disminuya el peso de las pérdidas.
Al respecto, el líder de Andesco recalcó que las compañías suscribieron contratos, dado que no pueden amortiguar el nivel de riesgo que implican las pérdidas de energía. En el caso de Air-e estas son 29% de la energía y de Afinia son de 27,2%%.
(Siga leyendo: La explicación que da Andesco para las alzas en servicios públicos).
Otras propuestas se han evaluado también para buscar soluciones a la problemática, dentro de estas se incluye la creación de un fondo de estabilización de precios de la energía.
Lastra afirmó que hay otra alternativa, la ampliación o de los topes de los subsidios o del porcentaje que se aplica a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, destacó que esto es algo que debe revisar el gobierno, en la medida en que esto se debe incluir en el Presupuesto General.
Daniela Morales Soler
