“La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no tiene un presupuesto basado en sus multas ni vive de ellas”. Así responde el titular de esa entidad, Pablo Felipe Robledo, a las críticas acerca de que ese sería el motivo por el cual las sanciones impuestas a empresas durante su administración se han multiplicado.
El funcionario explicó que el dinero que se recauda por este concepto no se queda en la institución, sino que va cada mes a las cuentas del Tesoro para engrosar el presupuesto de la Nación.
Según cuentas de Robledo, en menos de cuatro años que lleva en ese cargo, el ente de control ha impuesto penalidades que rondan 1,2 billones de pesos y de ese total, cerca de medio billón de pesos corresponde a lo que va del 2016.
De acuerdo con el funcionario, el motivo real del abultado resultado radica en decisiones de Estado que han fortalecido los mecanismos para defender la libre competencia y los derechos de los consumidores que se han implementado desde el 2010, y menciona, por ejemplo, la ley 1340 del 2009, que endureció las penas por actos contra la libre competencia, como la cartelización; la 1480 del 2011 (Código del Consumidor) y la 1581 del 2011 que reglamentó el habeas data (derecho a la información).
Destacó que “hoy día la Superintendencia tiene tres veces más personal, tres veces más presupuesto y multiplicó por 50 la capacidad sancionatoria”.
Hasta ese momento, las sanciones pecuniarias no pasaban de los 7.000 millones de pesos al año.
No obstante, a la cantidad referida para la administración Robledo habría que restarle más de 180.000 millones de pesos que les perdonaron a las empresas que denunciaron y colaboraron con la investigación dentro de los carteles del papel higiénico y los pañales.
En el último de estos procesos, el martes pasado, la Súper les impuso multas que suman 208.000 millones de pesos a Tecnoquímicas, Productos Familia y Kimberly. Sin embargo, debido a que colaboraron con la investigación, la segunda de ellas solo tendrá que cancelar efectivamente 34.470 millones y la última no pagará nada.
La investigación contra Tecnosur, filial de Tecnoquímicas, quedó archivada al comprobar que solo es fabricante de pañales y no participa en la comercialización y mercadeo de los mismos.
Por su parte, ayer Tecnoquímicas le dijo a Portafolio que su filial Tecnosur “no ha causado ningún daño sino que, por el contrario, generó rivalidad en el mercado y un beneficio al consumidor colombiano”. En un documento entregado a este diario, la empresa asegura que “no existieron alzas de precios, ni utilidades indebidas, ni otros efectos anticompetitivos”.
También Kimberly se pronunció sobre la responsabilidad que supuestamente tuvo en la conducta anticompetitiva.
El balance de las multas de la SIC aumentaría, pues probablemente en cerca de un mes se producirá otro fallo sobre el presunto cartel de los cuadernos, en el cual repite Kimberly y también son investigadas Scribe y Carvajal. Están pendientes los procesos de supuestos carteles de cemento, subastas ganaderas, empresas de seguridad privada y pilotos prácticos en los puertos.
PRONUNCIAMIENTO DE LA EMPRESA KIMBERLY
“Desde el principio hemos cooperado plenamente con las investigaciones de la SIC y apreciamos la minuciosidad del trabajo realizado por el personal de la entidad”, dijo ayer Kimberly en un comunicado. “Las acciones de un número limitado de nuestros exempleados en Colombia son inaceptables. Abordamos los problemas de manera inmediata cuando salieron a la luz y seguiremos reforzando nuestro estricto código de conducta. También iniciamos un proceso de salvaguardias para el negocio con el fin de asegurar que las acciones impropias del pasado no se repitan”, añadió.
