En una asamblea que duró cinco horas, cuando estaba prevista para 8 o 10, ayer, los acreedores del fondo Premium, ligado al descalabro de InterBolsa, no apoyaron los acuerdos firmados por Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado con el Interventor de esta compañía.
De haber sido aceptados, los tres no solo hubieran asegurado la posibilidad de negociar beneficios en el proceso penal que les sigue la Fiscalía por captación irregular de fondos y concierto para delinquir, sino pedir el desembargo de los bienes que tienen afectados, que suman 253.000 millones de pesos.
A la cita, que se cumplió en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quezada, de Bogotá, y en las sedes de la Superintendencia de Sociedades en Medellín, Cali y Barranquilla, asistieron alrededor de 400 personas, entre ellas varios abogados con poderes para representar a otras víctimas.
Hacia el mediodía y después de que el interventor de Premium, Alejandro Revollo, dio un informe de su gestión con cifras de los acuerdos firmados por Ortiz, Jaramillo y Maldonado, se hizo la verificación final del número de asistentes y se determinó que, en las cuatro ciudades, solo había 635 acreedores, es decir, un 59 por ciento del total.
Para refrendar los acuerdos se requería el 75 por ciento de los votos de las 1.027 víctimas acreditadas y, por eso, según explicó Revollo, automáticamente se asume la falta de apoyo para estos.
Aún así y de manera simbólica, se votó y el 99 por ciento ratificó su contrariedad con los acuerdos.
Ortiz había sido el primero en firmar un acuerdo en el cual ofreció bienes por casi 38.000 millones de pesos, entre ellos, una hacienda en Atlántico, acciones en el equipo Millonarios y más de 8.000 millones que supuestamente recibirá por una demanda a la Bolsa de Valores de Bogotá. Mientras tanto, Jaramillo prometió 12.252 millones de pesos en terrenos y acciones, y Maldonado, que apenas firmó el lunes pasado, puso a disposición la cadena de pizzerías Archie’s, cuyo valor oscilaría entre 38.000 y 50.000 millones de pesos.
“No es posible que nos propongan que por un 10 por ciento de lo que se robaron eviten que los acusen”, manifestó Ricardo Garzón, quien viajó desde el exterior, donde vive, solo para la asamblea, porque asegura que perdió todos los ahorros de su vida, con los que iba a garantizar su retiro y la educación de sus hijos.
El paso siguiente es que el superintendente, Luis Guillermo Vélez, ordene la liquidación de Premium y la monetización de los bienes de las personas ligadas a su debacle para pagar la mayor parte de las acreencias posible.