La Corte Constitucional ordenó suspender las obras del proyecto turístico ‘Spa Providencia’ creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iniciadas en el 2013, por no consultar previamente con las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, informó ayer la Universidad del Rosario.
Un integrante de la comunidad, junto con el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los raizales, ya que no los tuvieron en cuenta para aprobar el proyecto, según un comunicado de ese centro educativo.
La investigadora del GAP Lina Muñoz afirmó que los grupos étnicos deben estar presentes en todas las decisiones que se tomen en su territorio, “no solamente en temas relacionados con recursos naturales, sino que también (debe) garantizarse en proyectos de desarrollo turístico”.
“La relación de los raizales con la isla y el territorio es tanto económica, como cultural y ambiental”, subrayaron los integrantes del GAP.
La Corte constitucional confirmó que cualquier grupo étnico establecido en Colombia es considerado como dueño legítimo de su territorio y que merecen protección por parte del Estado.
Asimismo, Muñoz dijo que la intervención de personas externas a la comunidad, que tengan intereses económicos como el caso de ‘Spa Providencia’, “representan una amenaza a la integridad cultural de esta comunidad étnica”.
EFE