Para el Ministerio, autor de la iniciativa, en el nuevo modelo de salud, los precios son una variable fundamental, porque la ampliación del plan de beneficios obliga a controlarlos, no necesariamente a intervenirlos.
La cartera señala “que es necesario conocerlos, seguirlos y, cuando sea necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema, regularlos con mucha celeridad” y que “reunir a dos Ministros (Salud y Comercio) y a un delegado del Presidente de la República (las máximas autoridades de la Comisión) para tomar una decisión puntual -a menudo urgente- es engorroso y lento”.
El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, dijo que la Comisión ha desempeñado una labor que pudo haber sido mejor, pero que “para las necesidades de respuesta a los requerimientos de la salud puede ser perfectamente revaluada y replanteada. En principio no tengo ninguna objeción a su eliminación”.
El presidente de Acemi (gremio de las EPS), Jaime Arias, señaló que “la política y los precios de los medicamentos se le estaban escapando al Ministerio de Salud hace rato” y que mientras este “piensa en la salud, el de Comercio piensa en la industria”.
La industria farmacéutica nacional representada en Asinfar y la internacional, en Afidro, por su parte, no está de acuerdo con la propuesta.
El presidente de Asinfar, Alberto Bravo, considera que en la regulación de precios, con un enfoque de derechos humanos y que facilite el acceso de la población a los productos para satisfacer sus necesidades en salud, debe tenerse en cuenta aspectos del funcionamiento del mercado que escapan a las competencias del Ministerio de Salud.
Advierte, además, que la desaparición de la Comisión podría originar una regulación inadecuada y propone fortalecerla para evitar los abusos de posición dominante de cualquier empresa en el país y favorecer la competencia de mercado.
Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro, señala que la formación de los precios es resultado de la producción, la comercialización, la competencia, el mercado y, por supuesto, de las necesidades sanitarias de un país.
El Ministerio, agregó, tiene claras cuáles son sus necesidades sanitarias, pero que quien conoce los aspectos relacionados con comercio, competencia, política de fomento industrial empresarial es el Ministerio de Comercio.
Además, que el Ministerio de Salud representa uno de los grandes pagadores de medicamentos en el país por lo que es muy problemático que él sea al mismo tiempo quien defina sus precios, pues puede terminar cometiendo errores que desestimulen la inversión y el empleo.
El Congreso, empezando por las comisiones séptimas de Senado y Cámara, tendrá la última palabra durante la discusión del proyecto de ley, que debe iniciarse en las próximas semanas.
EL 'COCO' DE LOS EMPRESARIOS
En el 2006, la CNPM liberó completamente los precios de las medicinas.
Los recobros de las EPS al Fosyga por los medicamentos, procedimientos e insumos no incluidos en el POS se multiplicaron por ocho en apenas cuatro años y llegaron a 2,4 billones de pesos en el 2010 y pusieron en jaque la estabilidad financiera del sistema. El 83 por ciento de estos correspondieron a medicamentos, cuyos precios estaban fuera de control.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que el recobro posibilita a las EPS, IPS y otros agentes cobrar al Fosyga medicamentos No POS pero que cuentan con sustitutos en este y que “los actores del sistema han concentrado sus esfuerzos en identificar mecanismos para recobrar medicamentos y acceder a recursos adicionales”.
El proyecto faculta al Ministerio para regular las clasificaciones de las tecnologías, los precios de los servicios y tecnologías de salud con fundamento en la política farmacéutica nacional y otras que se formulen al respecto.
El control de precios es muy temido por el empresariado.
En el caso de los medicamentos solo fue utilizado, inicialmente por el entonces Ministerio de la Protección Social, para fijarle un techo al valor del recobro al Fosyga con el fin de detener el desangre y después, cuando el daño estaba hecho, por la CNPM.
A pesar de ello y a que algunas medicinas de las recobradas fueron incluidas en el POS, el número de recobros en el 2011 superó los cuatro millones, cuando el valor pagado por el Fosyga bajó a dos billones de pesos; en el 2012 sumaron 1,7 billones de pesos.
Jorge Correa C.
Redacción de Economía y Negocios
