Las afirmaciones de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña) de que los estudios de la economista Marcela Meléndez favorecen que siga vigente el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), al parecer, están distantes de la realidad.
Acerca del tema, se le preguntó a Meléndez, quien es Ph.D. en economía de Yale University, socio director de Econ Estudio y profesora de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
¿Hay inconsistencias en las afirmaciones de Asocaña?
Asocaña cita un estudio mío diciendo que valida el SAFP.
Esto es algo que parece hacer parte de su estrategia de comunicación, pues también lo han dicho en otros medios.
He realizado dos estudios relacionados con la industria azucarera, uno sobre el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa) y otro en que calculo las tasas de protección efectiva de la industria de dulces y confites.
Ninguno de los dos valida el SAFP; el primero, cuestiona el FEPA como política pública, argumentando que es un mecanismo por el que se asegura que el precio doméstico del azúcar no se vea erosionado por la competencia entre los ingenios.
El segundo aplica unas fórmulas estándar a datos de la Dian, y encuentra que la protección efectiva de la industria de confites no es negativa.
Asocaña usa este resultado para decir que mi trabajo valida el SAFP. Hay una mala interpretación deliberada de los resultados del segundo estudio.
Que la tasa de protección efectiva de la industria de dulces y confites no sea negativa no quiere decir que la industria no pague unos precios excesivamente altos por el insumo, y no quiere decir que los consumidores colombianos no paguemos más de lo que podríamos pagar por el azúcar por cuenta de los instrumentos de política que hoy protegen a la industria.
La Ocde calcula que en 2014 el subsidio a los azucareros, que es pagado en su totalidad por los consumidores, fue equivalente a 16,6 por ciento del precio.
Con el precio del azúcar blanco al productor calculado por la Ocde esto equivale a un impuesto de 136 pesos por kilo (en 2014) que se transfiere de consumidores (y compradores, en general) a los productores.
Mi trabajo sobre tasas de protección efectiva no analiza el SAFP como instrumento de política pública. Mi estudio del Fepa lo aborda marginalmente, en cuanto hay una relación entre los efectos de los dos instrumentos.
Asocaña conoce bien mis cuestionamientos a los dos instrumentos de política, y lo que hace en los medios al citar mal mis resultados es (1) desinformar y (2) usar esa desinformación para luego decir que mis dos estudios se contradicen, y así poder desacreditar mi trabajo sobre el Fepa, que el Ministerio de Industria y Comercio ha usado para abrir el debate sobre ese instrumento.
¿Cuál es su opinión acerca de lo dicho por ese gremio en la misiva que le enviaron al presidente Juan Manuel Santos?
Es un gremio muy poderoso, que deriva rentas importantes de los instrumentos de política pública; más importante de lo que muchos hemos pensado, a juzgar por la forma en que están dando esta pelea.
No representan al pequeño campesino, sino los intereses de unos pocos industriales muy ricos.
La forma que tome la reacción final del Gobierno nos dará información sobre su carácter: o se hace lo que es correcto desde el punto de vista de la política pública para favorecer el desarrollo del campo o se decide seguir defendiendo las rentas de unos pocos. No sé si el Presidente tenga el capital político para dar esta pelea y abrir esta puerta para realmente reformar la política de desarrollo agrícola en Colombia.
Ojalá que sí y que Asocaña no tumbe a la Ministra Cecilia Álvarez, algo que sería vergonzoso.
¿Cuáles son las conclusiones de sus estudios acerca del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)?
Ninguno de mis estudios aborda directamente el análisis del SAFP. El de tasas de protección efectiva no lo hace en absoluto.
El del Fepa usa los resultados de un trabajo simultáneo sobre el SAFP realizado por José Leibovich, que muestran que el SAFP realmente no es un instrumento para la estabilización de precios, sino un instrumento de protección, y analiza cómo operan en conjunto los dos instrumentos, el Fepa y el SAFP.
En las conclusiones dice que todo lo malo del Fepa se solucionaría con la eliminación del SAFP.
¿Sus estudios favorecen o desfavorecen al sector azucarero colombiano?
El de tasas efectivas de protección a la industria de dulces y confites ni lo favorece ni lo desfavorece: realmente es un trabajo sobre la industria de dulces y confites, que Asocaña ha interpretado como si dijera algo bueno de la industria azucarera. No dice nada sobre la industria azucarera colombiana.
El del Fepa, lo favorece; lo que no favorece son las rentas de los ingenios azucareros. Es un trabajo que analiza el instrumento de política pensando en su efecto sobre el buen desarrollo de la industria.
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