Un peritaje o estudio con las condiciones actuales y futuras de estabilidad de Hidroituango solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a EPM, y que no ha sido entregado por el conglomerado, podría llevar a que la megaobra solo entre a operar después del 2023.
(Arranca ingreso de transformadores a casa de máquinas en Hidroituango).
Así lo estableció Portafolio con voceros de la citada entidad, quienes confirmaron que “no han recibido de manera oficial, a la fecha y de esta organización el estudio técnico que se les solicitó”, y que hace parte de la medida preventiva dictada por la autoridad ambiental en la Resolución 820 del 1 de junio de 2018.
Esta directiva de la Anla, en la que se impuso la medida preventiva, es solo para las actividades constructivas, y en clara advertencia señala que solo se permiten obras o desarrollos relacionados con trabajos “para superar la contingencia ocurrida en abril de 2018”.
(Ituango tendría un nuevo retraso para su operación).
Si hoy EPM entrega de manera oficial a la entidad ambiental el citado peritaje, el tiempo de su análisis por parte de los técnicos de la Anla es incierto, como lo advirtieron sus voceros, ya que entraría a primar el rigor científico para su estudio, el cual tardarían el tiempo que fuera necesario.
Además, este peritaje tendría una especial lupa para analizarlo al detalle, más en el tema de la estabilidad geológica del terreno sobre el que reposa la megaobra.
Cabe traer a colación que, por lo general la entidad ambiental en sus procesos se tarda entre un año y 18 meses. Esto sin contar con los requisitos adicionales, que en la mayoría de ocasiones solicita y que llevaría a extender más su estudio. Así las cosas, solo la entidad le daría el visto bueno al peritaje hacia el cuarto trimestre del 2022, lo que significaría que la entrada en operación de Hidroituango no le correspondería al actual Gobierno.
Y hasta que no se cumplan los requisitos ordenados por la Anla en la citada resolución, como medida preventiva, no se le dará luz verde a la megaobra.
Aquí, el mayor obstáculo está relacionado con el estudio geotécnico que debe aportar el peritaje, en especial en el que se demuestre la estabilidad geológica de la montaña donde se encuentra el tercer túnel auxiliar, o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), lugar donde se presentó el taponamiento que generó la crisis en el 2018.
Al indagar con EPM sobre la demora en la entrega del citado peritaje, sus voceros le indicaron a Portafolio que la firma POYRY, encargada del dictamen, solicitó ampliar el plazo hasta el próximo 31 de julio para su entrega con el fin de incorporar resultados complementarios de temas relacionados con la modelación de la presa y el estudio de actualización de amenaza sísmica.
Así, los técnicos visitarán la megaobra a lo largo del primer semestre para evidenciar el avance de los trabajos, situación que, debido a pandemia, no fue posible durante el 2020. Esto último indicaría que el peritaje se entregaría a la Anla en el segundo semestre.
Alfonso López Suárez
