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30 abr 2013 - 8:46 p. m.

Infraestructura y construcción, en jaque por carteles

Como “desalentador” calificó César Llano, presidente de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el panorama de los avalúos para infraestructura en Colombia.

Infraestructura y construcción, en jaque por carteles

Archivo Particular

Infraestructura y construcción, en jaque por carteles

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“Los conceptos que emiten los valuadores son fundamentales para desarrollar carreteras, represas e hidroeléctricas, y por esta razón no deben estar inspirados en intereses oscuros”, precisó el directivo, quien señaló que son numerosos los casos en los que el Estado ha tenido que pagar grandes sobrecostos en el desarrollo de los proyectos.

Llano denunció que “hay un cartel de peritos que entorpece las resoluciones del Estado, situación que también afecta a los particulares, especialmente a quienes tienen que ir a remates de predios o inmuebles, debido a que les designan valuadores sin conocimientos”.

Para contrarrestar la situación se ha impulsado el Proyecto de Ley 183-13 del Senado, por medio del cual se reglamenta la actividad y que, de ser ley, contrarrestaría, en parte, las fallas en los procesos, que se encuentran entre los gastos sociales más dañinos que ha tenido que asumir el Gobierno.

Según el dirigente, “los privados ven menoscabados sus intereses porque se emiten valores que están disociados de la realidad de los activos, lo cual afecta las viviendas e inmuebles de las empresas. Además, los peritos que no tienen ética ponen a los particulares contra las cuerdas, debido a que los avalúos de sus bienes no son los indicados, con el agravante de que pueden perderlo todo”.

De ahí, precisamente, que Fedelonjas también insista en la idoneidad, ya que “no todo perito con experiencia y conocimientos puede avaluar todo tipo de bienes, pues hay diferentes categorías que requieren de conocimientos específicos”.

Para Llano, sería importante que se conforme un organismo que tenga la capacidad de evaluar y emitir una certificación que garantice las condiciones del perito, tarea que debe desarrollar un ente privado.

“Los valuadores deben estar en un registro que sirva de fuente tanto al Estado como a los particulares para que los escojan de acuerdo a sus conocimientos y pericia. Por eso, la meta es que exista un régimen de autorregulación que contenga tres pilares fundamentales: supervisión, control y sanciones”, concluyó.

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