Justo & Bueno ha dejado de operar casi la mitad de sus locales. Así lo señaló William Parra, promotor del proceso de reorganización, al presentar un reporte sobre el estado de la cadena desde el 18 de enero, en el marco de la audiencia pública convocada por la Supersociedades para escuchar quejas sobre incumplimiento de parte de los acreedores.
Dijo que se contaba con 1.118 tiendas de las cuales, a la fecha, por conceptos de cierres y variables de suspensión de servicios y por cuestiones de personal, están dejando de operar 515, con lo que quedan en actividad 603 que se están surtiendo por proveedores, pero han experimentado reducción de ventas y menos personal para la atención.
(Vea: Más de 500 denuncias contra Justo & Bueno por incumplimiento en pagos).
Al corroborar las inconformidades de los deudores que intervinieron y expusieron sus preocupaciones ante Santiago Londoño, delegado de Procedimientos de Insolvencia de la Supersociedades, el promotor explicó que el déficit acumulado llega a $135.000 millones.
Explicó que, oficialmente entre febrero, marzo y abril “la compañía no ha podido cumplir con los pagos que corresponden a estas obligaciones y, actualmente, según las proyecciones y por cifras reportadas por las compañía, particularmente en gastos de personal, el déficit de caja llega a los $42.000 millones, aproximadamente”.
En arrendamiento se han dejado de pagar 35.000 millones y en contratos de renting son de $19.700 millones. Por su parte, por impuestos supera los $17.000 millones.
En la audiencia, la compañía a través de su apoderado para el proceso, Nicolás Polanía, solicitó a la Supersociedades que se permita a la empresa que avance en el acuerdo que está en marcha con JFC International (Joining Futures Capital International Limited), que desde 1990 realiza inversiones alrededor del mundo en compañías con enfoque social dentro de segmentos de tecnología, agricultura, consumo masivo, infraestructura y desarrollo de tierras.
Dijo que la empresa siempre ha considerado la liquidación como una salida a la crisis, pero que ha ponderado los intereses de las partes involucradas y por esa razón ha buscado salidas.
En ese sentido, explicó que el acuerdo con JFC establece que las acreencias con empleados y arrendadores que se hayan causado desde la admisión a la reorganización hasta el día 30 de abril de 2022 serán canceladas por sus fondos de inversión.
“Dichos pagos se harán directamente o a través de la Fiducia de administración y pagos que estamos constituyendo con un banco local en Colombia y, esperamos sean realizados antes del día 10 de mayo de 2022”, anunció JFC.
(Vea: Justo & Bueno tendrá un nuevo dueño).
Polanía dijo que esta sería la última oportunidad de ‘sobrevivencia’ que tenga la cadena, por lo que consideró razonable que la Superintendencia dé una espera al 10 de mayo, como fecha máxima para que se materialice la inyección de los recursos.
“Si eso no funciona, por alguna razón, seguramente la propia compañía va reexaminar sus posibilidades en el corto plazo porque la situación es preocupante”, dijo el apoderado.
Presentada la posición de la empresa, el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia decidió suspender la audiencia y convocar para el lunes 2 de mayo a un nuevo encuentro, en el que se espera que se fije posición sobre el futuro de la compañía y las preocupaciones de los proveedores.
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