Cuando Uber llegó a Colombia, en octubre de 2013, el concepto de un servicio de transporte privado mediado por una 'app' era tan nuevo como desafiante para el marco regulatorio en el país.
Pero cinco años después, es difícil entender por qué la aplicación, que en numerosas oportunidades ha sido calificada de ‘pirata’ por algunas voces en el Gobierno Nacional, por no hablar de otras en el gremio de los taxistas, sigue en un limbo en el que no es considerada legal, aunque pague millones de pesos en IVA.
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El gobierno Santos, desde su ministerio de Transporte, calificó la plataforma de ilegal y la policía persiguió a quienes la usaban. Con la llegada del gobierno de Iván Duque, quien ha expresado su interés por impulsar la llamada economía naranja, se ha planteado la posibilidad de un camino hacia la legalización. Pero eso no impidió que desde el Mintransporte se llamara a perseguir a quienes derivan su sustento de ella, pues se considera que están prestando un servicio de transporte público usando un carro particular. En al menos un caso, eso llevó a que a un conductor de Uber le quitaran su licencia por 25 años.
¿QUÉ PROPONE UBER?
En el primer trimestre de 2019, Uber dio forma a una propuesta, la más específica hasta ahora, para sentarse a hablar sobre regulación.
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El encargado de explicarla en la reunión que para tal efecto sostuvo el diario El Tiempo fue Luis López, gerente de asuntos públicos de Uber. El vocero comienza con un categórico rechazo a la idea de que lo que hacen sus ‘socios conductores’ sea transporte público.
“Desde el dispositivo en el que se pide y se realiza el servicio, hasta el carro y las condiciones que se negocian -explica- hacen de Uber un servicio privado”. Uber lo denomina ‘Transporte Privado Intermediado por Plataformas’ (TPIP) y lo considera una nueva categoría de transporte.
López expone que usar la calle para pedir un servicio es lo que lo hace público. Por ejemplo, cada vez que alguien saca la mano para pedir un taxi o un bus.
La clave de la propuesta de la compañía es el concepto de ‘Empresas de Red de Transporte (ERT)’. Según ese planteamiento, el marco impulsado por Uber cobijaría también a competidores como Cabify y Beat. Para manejar un carro bajo esta modalidad se exigiría estar afiliados a una plataforma que verifique el modelo del vehículo, la vigencia de la licencia, los antecedentes judiciales del conductor, entre otros, y asegure a pasajeros y conductores.
La empresa también propone la creación de un fondo al que se destinaría un porcentaje del total de los viajes para “‘devolver’ al Estado por el uso de la calle”. En cualquier caso, aclaran, sería el mismo Gobierno el que entraría a reglamentarlo.
Finalmente, López argumenta que el servicio público no se debe quedar por fuera de esta discusión y plantea, incluso, incluir a los taxis dentro de la plataforma de Uber, cumpliendo eso sí los requisitos.
WILSON VEGA Y MARÍA PAULINA ARANGO
Tecnósfera
