Las ilegales franquicias callejeras que desestabilizan comercio formal

Para el Distrito este modelo afecta la economía de la ciudad, ya que golpea directamente a los comerciantes formales. Operativos, aumentan. 

Cocheros

De los 63 puestos de comidas rápidas callejeras incautados, 39 pertenecen a la franquicia Cocheros.

Archivo particular

POR:
Portafolio
mayo 01 de 2019 - 10:33 a.m.
2019-05-01

Desde el segundo semestre del año pasado, la Defensoría del Espacio Público lanzó una ofensiva contra las denominadas franquicias callejeras, que ilegalmente han venido apropiándose del espacio público en las principales calles de la ciudad.

Tras esta estrategia, adelantada entre noviembre pasado y marzo de este año, la entidad ha incautado 63 carrozas en toda la capital del país, la mayoría pertenecientes a la marca ‘Cocheros’.

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De acuerdo con cifras suministradas por esta entidad a Portafolio.co, de los 63 puestos de comidas rápidas callejeras incautadas, 39 pertenecen precisamente a esta franquicia.

Del total, 8 carrozas más fueron de Rancheritos; 4 de Paisa Wings; 3 de La Burrada; 2 de Real Burguer, 1 de Jacs; otra de Burger Street; una más de Asian Food y otra de Rancheros Burger. Tres puntos más de otras franquicias sin identificar también cayeron en estos operativos, adelantados por la Defensoría del Espacio Público.

¿DERECHO AL TRABAJO?

Aunque cientos de personas han interpuesto denuncias ante el Distrito asegurando que operativos como estos atentan contra el derecho al trabajo, ninguna de estas acciones han prosperado, ya que actividades como estas no se encuentran contempladas dentro del marco que regula el aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá, descrito en el decreto 552 de 2018, que sienta unos parámetros específicos para que en algunos casos el espacio público se utilice para actividades comerciales, las cuales contarán con vigilancia y control de las autoridades y en eventos que tengan previa autorización.

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De acuerdo con Nadime Yaver, directora de la Defensoría del Espacio Público, quienes adquieren estas franquicias no están en condición de vulnerabilidad y por lo tanto no se trasgrede su derecho a trabajar.

“Se ha identificado que el valor de una de estas franquicias puede ascender a los $14'500.000, lo cual desvirtúa de plano que se trate de personas en condición vulnerable, objeto de especial protección constitucional. Lo que aquí ocurre es más bien un negocio lucrativo, sustentado especialmente en el aprovechamiento económico ilegal del espacio público”, señala la funcionaria.

Y es que se ha identificado, además, que varios de los franquiciados contratan de forma irregular a personal nacional o extranjero, omitiendo el pago de sus prestaciones sociales como su afiliación a pensión y salud y haciéndole el quite a los aportes parafiscales, entre otros.

Cabe señalar que se ha registrado un aumento significativo de personal venezolano que es contratado a bajo costo, lo que agrava también un fenómeno social.

Para Nadime Yaver, estos negocios ilegales desestabilizan a la economía, ya que no sólo se aprovecha el espacio público que es de todos los bogotanos para que unos pocos se lucren, sino que afecta a los comerciantes formales que pagan arriendo, impuestos y cumplen con todos los requisitos legales para el funcionamiento de sus locales.

“Comerciantes de algunas zonas de la ciudad como en el barrio Restrepo siempre nos han apoyado en los operativos de recuperación del espacio público porque nos han manifestado que de lo contrario sería imposible que pudieran continuar con sus actividades, ya que sus ventas se disminuían considerablemente por tanta informalidad”, señala.

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Según la funcionaria, es necesario que las personas tomen conciencia de que el espacio público es de todos y que por tal razón debe respetarse para que la economía de la ciudad avance.

Además de las incautaciones, las autoridades han procedido a imponer comparendos y medidas correctivas contra los dueños de estas franquicias, contempladas en el Código Nacional de Policía.

Las localidades en las que se registraron el mayor número de incautaciones fueron en Suba, Puente Aranda, Tunjuelito, Santa Fe, Fontibón y Antonio Nariño.

De acuerdo con la Defensoría del Espacio Público, estos operativos continuarán.

“La Administración Distrital seguirá con el despliegue de esta estrategia cuyo objetivo principal es recuperar y conservar los andenes y el espacio público en general para el disfrute pleno de todos los ciudadanos”, concluyó la directora de la entidad.

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