La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la mayoría de los equipos que desde el año 2017 han participado en la Liga Femenina de Fútbol. Según la entidad, se investiga una posible ‘cartelización salarial’ en la contratación de jugadoras.
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En una resolución, de 81 páginas, la entidad ordena la apertura de una investigación de oficio tras determinar si se “habría corroborado la hipótesis que sugiere que los agentes del mercado en cuestión habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, desde el 2017 a la actualidad”.
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Dentro de las prácticas anticompetitivas observadas está la fijación de salarios desde el mínimo hasta un tope de $4,5 millones. Otra conducta investigada es que las competidoras solo tendrían contratos por el tiempo de las competencias, que oscilan entre los uno y cuatro meses.
El documento especifica que ese “sistema anticompetitivo” se habría compuesto por un conjunto de cuatro acciones “que habrían sido planeadas y ejecutadas por los investigados”.
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Los equipos investigados son Real Cartagena, Real Santander, Santa Fe, Patriotas, Pasto, Quindío, Tolima, Junior, DIM, Chicó, Bucaramanga, Magdalena, Fortaleza, Huila, Orsomarso, Pereira, Bogotá, Nacional, Millonarios, Deportivo Cali, Alianza, Envigado, Cortuluá, La Equidad, Cúcuta, América, Atlético FC, Once Caldas y Llaneros. Además, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. La SIC advirtió que, de comprobarse las conductas anticompetitivas, se podrían imponer sanciones de hasta $116 millones por cada infracción a las personas involucradas.
Fuentes extraoficiales consultadas por EL TIEMPO contaron que este viernes estaba programada una reunión informal en la Dimayor, citada con anterioridad a esta decisión de la SIC, en la que se iba a tratar el tema laboral pendiente con la Asociación Colombiana de Futbolistas, pero que aprovecharían para abordar esta nueva situación presentada.
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Pero indicaron que desde este mismo jueves se estudiaba la posibilidad de denunciar en la Fifa la situación como una intervención estatal, situación que podría provocar serias consecuencias como la desafiliación de Colombia a la entidad, lo que implicaría perder la sede del Mundial Sub-20 femenino y la participación de la Selección de fútbol masculina en la eliminatoria del Mundial del 2026 y la próxima Copa América.
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