En medio del debate que se ha generado en torno a la problemática de la corrupción, tanto en el sector público como privado, un estudio revela que los fraudes son ‘pan de cada día’ al interior de las empresas y que son protagonizados por sus propios empleados.
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El análisis se basa en una encuesta a 144 directivos de empresas de diversos sectores del país. No es la primera vez que se hace la encuesta, las otras fueron en el 2011 y el 2013.
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“Los resultados nos indican que más de la mitad de las organizaciones encuestadas han experimentado algún tipo de evento de fraude durante los últimos años”, según Diego Ríos, director de Servicios Forenses de KPMG en Colombia.
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A su vez, la firma encuentra que el control interno ha sido la herramienta para detectar el fenómeno en un 60% de los casos, seguido por los mecanismos de denuncia, con un 22%. De esta manera, dice el experto, estas áreas son claves a la hora de prevenir y detectar actividades delictivas.
En cuanto a los impactos financieros, KPMG identificó que el 45% de las empresas en Colombia logró cuantificar el monto defraudado en un valor de hasta diez mil dólares. Otro 20%, tuvo pérdidas entre los diez mil y 50 mil dólares; mientras que un 23% reportó un detrimento superior a los 50 mil dólares y con un tope de hasta 500 mil dólares.
El estudio arrojó que las áreas de las organizaciones empresariales que son más vulnerables a estos delitos son operaciones y producción, ventas y atención al cliente, alta gerencia, tesorería, compras y bodega.
Ríos advierte que el concepto fraude encierra todo lo asociado a la búsqueda de un beneficio personal engañando o mintiendo a alguien, por lo que el concepto cubre desde el robo de caja chica hasta la manipulación de cuentas contables para reflejar una realidad diferente.
“Por lo que las tipologías de fraude son varias, vemos que las más comunes en Colombia son las asociadas a la malversación de activos y a la apropiación indebida de recursos de la empresa”, resalta. Según la encuesta, el robo de dinero es la actividad ilícita más identificada al interior de las compañías, según reportó el 35%. Igualmente, se reseña la pérdida y el daño de inventario (16%), el soborno (15%) y el conflicto de interés (11%).
Igualmente, las empresas han sido víctimas de la manipulación de flujo de caja (5%), el reconocimiento fraudulento de ingresos/egresos (5%), y el desembolso fraudulento (5%). Además, un 4% menciona manipulación de métricas o indicadores financieros.
En cuando a delitos informáticos aparece el acceso no autorizado (2%) y la piratería con igual porcentaje.
“Las organizaciones pueden verse afectadas por diferentes tipologías de fraude, en mayor o menor medida, dependiendo del sector en el que opera la organización. Las distintas formas que adoptan estas irregularidades tienen características y consecuencias diferentes, por lo que requieren métodos de prevención y detección adaptados a cada caso”, plantea Fabián Echeverría, socio Líder de Consultoría de la firma.
COMBATE DE FRENTE
En comparación con años anteriores, una de las conclusiones de este trabajo es que “el riesgo de fraude ha aumentado y tiene una tendencia que implica un patrón más definido que se ha repetido en los diferentes ejercicios, pero esto no es necesariamente malo, dado que nuestra encuesta se basa en eventos detectados, por lo que podemos ver que las empresas están haciendo más énfasis en detectarlos y en la gestión del control interno”, afirma Ríos.
Señala que en años anteriores se veían resultados en los cuales las compañías no reportaban estos riesgos porque quizás no los conocían o no sabían que eran víctimas hasta que aplicaron controles adecuados.
“Ahora la misión es tener un mayor esfuerzo en la prevención, porque ya es claro que el riesgo es real y que ninguna empresa en Colombia es totalmente inmune”, comenta Ríos a Portafolio.
Añade que si bien el fraude en Colombia es alto, ha sido mitigado en los últimos años con los esfuerzos dados por las agentes regulatorios, (como la Superintendencia de Sociedades, y la Superintendencia de Industria y Comercio), como también en la concientización de las empresas de que muchas veces el enemigo está en casa y que hay que estar vigilantes.
Existen características de los fraudes que se detectan. Una de ellas tiene que ver con el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la detección, que fue de entre un mes y seis meses en el 62% de los casos y entre seis y doce meses el 24% de los casos.
Asimismo, las compañías indicaron que en el 85% de las situaciones se logró identificar al perpetrador o perpetradores, y en otro 11% que esto no fue posible. “A pesar de los esfuerzos que han venido realizando las organizaciones en los últimos años, todavía existe una brecha en los procesos de investigación”, anota KPMG.
PERFIL DEL CULPABLE
KPMG identificó que el perpetrador es de sexo masculino, según el 56% de los empresarios, con edades entre los 25 y 40 años (57%) y un nivel de educación profesional (36%) o técnico/tecnológico (33%). En un 22% de los casos, los fraudes se presenta colusión.
Respecto a las mujeres, se evidencia que solo en el 11% de los casos actúan individualmente.
Cuando se analiza la naturaleza de quién comete el ilícito, en el 25% de las situaciones es un colaborador interno de la empresa, complicidad entre empleados (18%), supervisor (9%), alianzas entre colaborador y proveedor (7%) y alguien de la alta gerencia (7%).
Es decir, el 80% de los eventos fueron perpetrados por empleados. Al revisar el promedio de antigüedad de las personas que cometen estos delitos, el 38% llevaba entre tres y cinco años, seguido por quienes llevaban más de 10 años (16%).
Diego Ríos, comentó que los motivos que llevaron a cometer los delitos son diversos. El primero fue la presentación de la oportunidad, seguido por la ambición y la codicia, los problemas económicos, la presión por el alcance de los objetivos y resentimiento con la organización. Entre las causas directas se identificó la falta de controles internos, debilidad en la cultura ética, ausencia de políticas claras y bien definidas, o ausencia de un programa de entrenamiento de ética”.
Respecto a los anuncios del Gobierno de expedir normas contra la corrupción en el sector privado, el directivo afirma que es necesario esperar que se formalicen, aunque sugiere que “vemos que las decisiones están buscando mitigar el riesgo desde el sector público, a la espera que el sector privado haga su parte como condición a las posibles sanciones que puedan sufrir si incumplen las normas”.
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