El hecho de que cerca de 300 mil personas en 23 departamentos del país deriven sus sustento de la llamada minería informal, se convierte en un factor decisivo para que se establezca una política de Estado que trate de llevarlos a la formalización.
Sobre eso se debatió ayer, durante el seminario ‘Minería informal, un desafío para el desarrollo regional’, organizado por Usaid, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Portafolio.
“El país debe entender que hay diferentes tipos de minería”, dijo Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE). “La formal, que puede ser a pequeña, mediana y gran escala. Y, en el otro lado de la línea, que también se debe diferenciar, está la artesanal, que realiza su actividad por razones históricas y familiares. La minería informal, que es a pequeña escala y está por fuera de la ley porque no tiene título o licencia ambiental, o no cumple las exigencias de la ley. En tercer lugar, está la que el Gobierno llama minería criminal, a escala mayor, que financia grupos al margen de la ley y no le interesa formalizarse nunca”, explicó Jiménez.
La informal es la que debe preocupar al país. El 18 por ciento de los censados no tiene afiliados a sus empleados a seguridad social; 63 por ciento no posee título minero, 65 por ciento no paga regalías, 66 por ciento no lleva contabilidad ni inventarios; 72 por ciento no implementa acciones de seguridad, higiene y salud ocupacional y 75 por ciento no cuenta con autorización de carácter ambiental, según datos de SMGE.
“Es un reto muy grave para el país, en lo económico, social y legal”.
Lo cierto es que esta minería se ha desarrollado por una histórica ausencia del Estado. En sus regiones no hay servicios sociales, falta de control de territorio y ausencia de fiscalización de la actividad.
De ahí, la urgencia de una política de formalización. “El diagnóstico es que a ese minero hay que protegerlo, ayudarle a que desarrolle una actividad empresarial en torno a la minería, porque quiere ser parte de la formalidad”, agregó la directiva gremial y dijo que el sector que representa está involucrado en lo que han llamado ‘alianza social para la formalización’, en la que de las 13 empresas del SMGE, cuatro ya tienen planes para los informales presentes en sus áreas y títulos: Gran Colombia Gold, Anglo Gold Ashanti, Minas Paz de Río y Mineros.
Cada uno de estos proyectos tiene como fin la capacitación, el acceso al crédito, comprarles el mineral y comercializarlo. “A eso le debe apuntar el país para canalizar esa actividad minera, y de paso controlar ese factor social”.
