Las normas que el Gobierno expidió de forma previa a la reapertura de la ventanilla minera preocupan a los empresarios formales del sector, quienes están viendo barreras para acceder a nuevas áreas de exploración.
Luego de que la presentación de solicitudes de contratos de concesión estuvo cerrada por más de dos años, las empresas medianas y pequeñas, sobre todo las del centro del país, prendieron las alertas por los efectos de la Resolución 428 del 26 de junio del 2013, expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que estableció las exigencias financieras y de capital a quienes se postulen a un nuevo contrato.
Un documento interno de una de estas compañías, elaborado con asesoría de una firma de banca de inversión, indica que la norma exige indicadores financieros que imposibilitan la participación de la mayoría de personas naturales y jurídicas que operan en el sector.
Señala que el nivel de endeudamiento máximo del 25 por ciento no parece tener fundamentos claros para calificar si una empresa es o no capaz de realizar las inversiones, o que este indicador represente un riesgo para cumplir los compromisos.
“La medida es tan restrictiva que incluso compañías como Ecopetrol, con un nivel del 35 por ciento, o firmas con tradición minera de más de 30 años, o las subsidiarias de multinacionales tampoco cumplirían”, precisa el documento.
El análisis se basa en cifras de la Superintendencia de Sociedades, según las cuales compañías como Minas Paz del Río, Concretos Argos o la Comercializadora Internacional Milpa tienen niveles de endeudamiento del 49,8; 45,6 y del 62,8 por ciento, en su orden, lo que les impediría solicitar nuevas concesiones.
El documento agrega que, en los diversos renglones de la economía, solo el de servicios tiene un nivel de endeudamiento inferior al 25 por ciento exigido.
Frente al inconformismo de los mineros por las zonas de reserva, el Ministro de Ambiente le dijo a EL TIEMPO que la propuesta de creación de zonas de reserva temporal nunca se ha extendido más allá de las 11 millones de hectáreas y consideró que no ha existido ningún error, por lo que no habrá que corregir nada.
“La cifra de áreas protegidas nunca fue de 21 millones de hectáreas, y me reafirmo en que fue de 10 o 10 millones y medio máximo, en la que priorizamos zonas Ramsar y a otros terrenos sobre la Orinoquia, entre otros”, explicó.
OTRAS MOLESTIAS DE LOS EMPRESARIOS
Este diario conoció una carta que remitieron los gremios mineros al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, en la que señalan que la Resolución 705 del Ministerio de Ambiente, que estableció 21 millones de hectáreas como nuevas zonas de reserva temporal, bloqueaba el 70 por ciento del territorio nacional para la exploración.
Pero Renjifo explicó que el Gobierno hará la corrección, con lo que la extensión de dichas zonas será cercana a los 10 millones de hectáreas.
Ómar G. Ahumada Rojas
Redacción Economía y Negocios