No hay que pedir permiso para hacer lo correcto

Lo importante es tener claro qué es lo correcto para EPM y sus grupos de interés.

EPM

La reforma EPM busca extender sus operaciones.

Archivo particular

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Portafolio
agosto 15 de 2020 - 12:23 p. m.
2020-08-15

EPM constituye una empresa no solo relevante para el país sino para América Latina. Su operación en varios países de la región, la generación de empleo y de bienestar para los diferentes grupos de interés, y su papel como motor de desarrollo son innegables. Pero, además, EPM ha representado un referente en gobierno corporativo para las empresas con participación estatal a nivel global.

(Lea: Fitch Ratings bajó calificación de grado de inversión a EPM)

Como antecedentes relevantes, EPM fue pionera en el país en la estructuración de su Código de Buen Gobierno en el año 2001. Además, el Convenio Marco de Relaciones entre el Municipio de Medellín y EPM, establecido en el año 2007, se convierte en un acuerdo de voluntades, que trasciende la ley y dictamina unas buenas prácticas para salvaguardar la sostenibilidad de la empresa y el bienestar de sus grupos de interés, por encima de cualquier consideración individualista o de carácter político.

(Lea: Junta directiva de EPM renunció por demanda de Hidroituango)

Por ello la relevancia del Convenio Marco. En él se establece que el Alcalde se compromete a respetar y hacer respetar, por parte de los servidores públicos, la autonomía administrativa de la empresa. Para cumplir con lo anterior, el Alcalde, en calidad de representante del propietario, el Municipio de Medellín, se compromete a enmarcar su actuación exclusivamente a través de la junta directiva, como un integrante más de la misma, reconociéndola como máximo órgano de administración de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, EPM ha desarrollado todo un conjunto de buenas prácticas de gobierno corporativo, buscando generar confianza y que las discusiones de las decisiones más relevantes tengan en cuenta el concepto profesional de expertos que acompañan con su asesoría y supervisión al gerente.

Lo anterior parece no estar sucediendo en la actualidad. La junta, en su carta de renuncia, muestra su inconformismo por no ser partícipe de las decisiones trascendentales que han tomado el alcalde Daniel Quintero junto con el gerente Alvaro Rendón, buscando modificar el objeto social de la empresa e instaurando una demanda de grandes proporciones en el marco del proyecto Hidroituango.

Se han presentado varios argumentos. El primero de ellos, el vencimiento de términos. La gerencia conocía la fecha límite para proceder legalmente, y debía poner bajo discusión de la junta directiva, con la antelación y preparación suficiente, las diferentes alternativas, incluyendo la instauración de la demanda. Esto, buscando el mayor rigor y acompañamiento técnico posible, y reconociendo a la junta directiva como el máximo órgano de gobierno.

Segundo, se argumenta que legalmente no era obligación discutir la decisión con la junta directiva. Sin embargo, el buen gobierno corporativo va más allá de la ley e implementa medidas de autorregulación que favorecen a la empresa y a sus diferentes grupos de interés. Contar con una junta directiva con la experiencia y calidades con las que contaba EPM, representaba una oportunidad para discutir al más alto nivel la decisión en cuestión, analizando el mapa de riesgos asociado a la misma, y evaluando todos los escenarios previsibles.

Tercero, y citando al alcalde Daniel Quintero, es cierto que no hay que pedir permiso para hacer lo correcto. Lo importante es tener claro qué es lo correcto para EPM y sus grupos de interés. En este sentido, respetar el Convenio Marco y la autorregulación en gobierno corporativo, construida en los últimos 20 años para salvaguardar la empresa, con seguridad es lo correcto en esta y cualquier otra situación.

Por lo tanto, la preocupación que desata la renuncia masiva de la junta directiva en las diferentes partes interesadas de la empresa, como los empleados, las calificadoras de riesgo, el sector empresarial, los inversionistas nacionales e internacionales, y la sociedad civil, no puede ser ignorada. Esto refleja una crisis de gobernabilidad y un desconocimiento a las mejores prácticas en la materia.

Como Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, como integrantes de la academia, y como sociedad civil, hacemos un llamado a preservar las buenas prácticas empresariales, y especialmente aquellas que se discuten para las empresas con participación estatal.

Estas prácticas, desarrolladas por la OCDE, diferentes organismos multilaterales, reguladores y otros actores clave, buscan evitar que el actuar de los gobernantes afecten las empresas de propiedad estatal e impacten de manera negativa sus resultados en pro del desarrollo económico y social.


María Andrea Trujillo Dávila, Ph. D.
Alexander Guzmán Vásquez, Ph. D.
Codirectores
Centro de Estudios en Gobierno Corporativo
CESA

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