La captura de seis personas que, según la Fiscalía General, se dedicaban a armar camiones con piezas de carros viejos para hacerlos pasar como vehículos de carga y así cobrarle al Ministerio de Transporte el incentivo equivalente a 70 millones de pesos por cada uno, son apenas los primeros frutos de las investigaciones para desenmarañar el oscuro negocio que hay detrás de la chatarrización en Colombia.
Entre las personas que fueron capturadas ayer en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Dijin, está un funcionario del Ministerio de Transporte y dos personas cercanas a la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), uno de ellos el hermano del exdirigente del gremio Pedro Antonio Aguilar Rodríguez.
A las seis personas se les imputarán cargos por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento agravada, estafa agravada y fraude procesal.
La banda era conocida como ‘Los Desintegradores’ y las autoridades empezaron a seguirles el rastro desde el 2013, luego de recibir del Ministerio de Transporte cerca de 700 denuncias por irregularidades en el programa de chatarrización.
Los documentos entregados al ente investigador revelaban anomalías en las que participaban funcionarios del Ministerio, organismos de tránsito y algunos transportadores.
En el oscuro negocio detrás de la chatarrización, las bandas aprovechan el incentivo que el Gobierno les paga a los propietarios de camiones viejos que de manera voluntaria chatarricen su vehículo para obtener el reconocimiento económico.
Un funcionario del Ministerio de Transporte era quien cambiaba en las bases de datos el tipo de servicio de público a particular, de volqueta a tractocamión (esto no lo permiten las normas) o de aumento de la capacidad de carga.
Lo anterior con el fin de incrementar el valor a cobrar por el supuesto vehículo que puede estar entre los 35 millones para camión sencillo, 50 millones para doble troque y tracto camión de dos ejes y 70 millones para tractocamiones.
Fue así como la Fiscalía halló inicialmente 52 casos de vehículos que no existen, pero que tienen documentos al parecer en regla.
Sin embargo, después se logró establecer que los tractocamiones nunca existieron, pero la banda cobró la suma de 3.640 millones de pesos.
En la siguiente etapa de la investigación se analizarán 2.875 procesos de desintegración de tractocamiones en el país.
LAS MODALIDADES
Las autoridades tienen pistas de otras estructuras que estarían operando en Barranquilla y los santanderes. Se tiene información de talleres que estarían sirviendo de fachada para armar los falsos camiones y luego vender su chatarra.
Entre las modalidades que usan las bandas están la creación de camiones ‘virtuales’, que solo existen en el papel y los sistemas de tránsito, para luego cobrar por el hurto del automotor.
También recurren a hacer montajes de robos o accidentes, “en complicidad con algunos policías”, para luego cobrar el cupo. “Fabrican los accidentes y los hurtos, consiguen alguien en la Policía que les certifique los hechos y cobran”, dijo una fuente cercana a la investigación. Otra modalidad es que se roban los camiones para postularlos al programa de desintegración vehicular del Gobierno.
“Se roban los vehículos y luego los postulan y chatarrizan sin que el verdadero dueño se entere”, explicó la fuente. Hubo casos en el Ministerio de Transporte, en los que transportadores fueron a postularse al programa y al revisar en el sistema se llevaron una sorpresa: “su carro ya había sido chatarrizado y pagado”.
Entre los hallazgos de los investigadores también está la compra de más de una decena de volquetas por 6 millones de pesos en el Cauca para transformarlos en camiones y luego ofrecerlos al mejor postor.
Eso ha hecho que la venta de chatarra se haya convertido en un negocio floreciente en el país, tanto que las exportaciones colombianas de materiales no ferrosos (cobre, aluminio, plomo, entre otros) llegan al año a las 60.000 toneladas.
ESTE AÑO SE HAN DESINTEGRADO 3.800 VEHÍCULOS DE CARGA
De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte desde el 2005 hasta finales del 2012 ingresaron cerca de 35.000 vehículos al parque automotor, la mayoría (85 por ciento) tractocamiones, de los cuales tan solo se desintegraron 5.000 camiones y 30.000 fueron a incrementar la sobreoferta vehicular.
Desde que reinició el programa en octubre del 2012 se ha desintegrado 7.572 vehículos, el 41 por ciento de los 18.303 que se han desintegrado desde el inicio de la política en 2005.
Entre 2008 y 2010 el Gobierno chatarrizó 1.358 camiones por año, mientras que en el mercado se colocaron en promedio 12.000 nuevas unidades por año. Para el 2014, la meta es desintegrar 5.000 y a la fecha van 3.777, de los cuales 2.662 son camiones y 1.115 tractocamiones. Este año el Gobierno ha ejecutado aproximadamente 34.000 millones de pesos para el programa de desintegración.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) calcula que para combatir la sobreoferta hay que desintegrar a 120.000 vehículos, es decir, el 41 por ciento del parque automotor de carga, que tiene más de 20 años de operación.
En los últimos años se ha visto una marcada tendencia de los propietarios por reponer los camiones para no perder el cupo antes que reclamar los incentivos que concede el programa.