Este modelo, que según Carrasquilla “ha funcionado más que el del mismo gobierno”, se basa en la captura de inversionistas con el respaldo de las transferencias a municipios.
Caracolón y Los Naranjos, dos veredas del municipio de Dabeiba, en Antioquia, revivieron de la nada, hace tres años, después de que el 30 por ciento de la población que allí habitaba, la mayoría indígenas, desapareciera en manos de la guerra y sus viviendas fueran incineradas.
Tras la resurrección, allí se ubican hoy dos de los proyectos de agua que financia la firma Konfigura, presidida por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pocas veces se acepta que un esquema planteado como negocio pueda ser la solución a un tema social.
Sin embargo, a partir del llamado bono del agua, 120 municipios adelantan inversiones por 450.000 millones de pesos y tienen en marcha proyectos que le dan esperanza a la población de ver solucionado a corto o mediano plazo el tema más vital para el ser humano.
¿Cómo funciona este producto financiero?
Por un lado, juntamos municipios que comprometan los recursos que el Sistema General de Participaciones les destina para invertir en agua potable y saneamiento básico, que, constitucionalmente, son 5,4 por ciento del total. En el otro lado hay inversionistas que, sobre la base de la predictibilidad de las transferencias, ponen su plata.
Yo recojo los recursos y los entrego a los municipios, que tienen 20 años para pagar el servicio de esa deuda. Desde el punto de vista del inversionista son bonos y para los municipios son créditos.
¿Quiénes son los que ponen plata?
Son tenedores de bonos, los fondos de pensiones o inversionistas individuales de Colombia. En la última emisión que hicimos tuvimos inversionistas internacionales. Ellos conciben los bonos al mismo nivel de los TES.
¿Cree que el problema del agua es de financiación?
Sí. Si yo estoy interesado en el sector de agua potable y quiero hacer un proyecto, tengo que saber cómo me van a retribuir mi capital. Hasta la Ley 1176 del 2007, que reglamentó las transferencias, era difícil decirle a un inversionista que interviniera, porque no había un compromiso estatal con el sector de agua potable y saneamiento básico. Eso marcó la diferencia.
A partir de allí, actores privados como nosotros podemos entrar y llevar soluciones a lugares apartados del país, a gente que en su vida había visto agua potable en su hogar.
Todo porque hay garantía de pago, con las transferencias.
¿Entonces, si se bajan las transferencias, el negocio no funciona?
Nuestro esquema de financiamiento requiere la estabilidad que da la predictibilidad de los recursos de transferencia que, según la Constitución, deben crecer cada año. Si no hay esa condición, el producto financiero no existe.
Si la hay, estamos convencidos de que esta es una manera sana de financiar al sector de agua. 120 municipios así lo demuestran.
¿Por qué cree que el esquema de Planes de Agua del Gobierno no ha funcionado?
Los planes de agua están mal financiados, mal concebidos, mal ejecutados, hay recursos congelados. El esquema no funcionó.
¿Cuál es la razón por la que esta estrategia no ha avanzado más rápido?
Hay obstáculos, muchas veces oficiales, muchas veces del mismo Gobierno, a quien -de cierta manera- le da temor que esto avance rápido.
En el 2011, por ejemplo, el Gobierno estableció una asignación de los recursos de transferencias disminuidos para agua potable, pese a que la Constitución dice que hay que asignarles los del año pasado más un porcentaje adicional.
Si uno basa un mecanismo de financiación en el hecho de que los recursos son predecibles, avanzan año a año, eso es un golpe muy duro.
¿Por qué el Estado no ha replicado el esquema?
Es algo que siempre me ha sorprendido. Internacionalmente, hemos sido premiados, acá somos vistos con recelo.
Frente al potencial que tiene el mercado de capitales de aportar a la solución de este problema, somos aún pequeños.
MARTHA MORALES M.
Economía y Negocios
