Tras cuatro meses de parálisis casi total en el transporte intermunicipal, los empresarios de este sector que operan en diferentes regiones coinciden en que la piratería en la prestación del servicio -que ha crecido de forma exponencial- se convirtió en un nuevo dolor de cabeza que se sumó a las bien conocidas dificultades de liquidez que tienen a más de una compañía al borde del cierre.
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Según denuncian los transportadores de diferentes zonas del país, vehículos como vanes, motocicletas, taxis, e incluso carros particulares, hacen recorridos ilegales entre ciudades capitales y municipios a plena luz del día y, también, a la vista de las autoridades que hacen controles en carreteras.
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Marino Quintero, presiente de Asotrans (uno de los gremios del transporte intermunicipal del país), advierte que este fenómeno “está disparado por todo el país. En una economía como esta todo el mundo sale a ver qué se rebusca por las vías ilegales. La gente necesita viajar y los carros formales están guardados o trabajan poco bajo protocolos y despachos con bajos niveles de ocupación”.
Asimismo, señala Quintero, mientras que las pocas rutas formales que están operando salen y entran a terminales con altos protocolos de bioseguridad, los ilegales operan en silencio, sin protocolo alguno y, también, cobrando a los usuarios elevadas tarifas.
“Parece que los alcaldes y los secretarios de tránsito se hacen los de la vista gorda con el tema porque eso les soluciona un tema de movilidad”, aseguró el presidente de Asotrans.
Según la información que tienen las empresas transportadoras formales, circulan -por ejemplo- rutas piratas entre Buenaventura y Cali, entre Cali y Jamundí y entre Cali y otros municipios del Valle del Cauca. También, transitan carros particulares que llevan viajes entre Cali y Popayán ante la vista de las autoridades de tránsito.
Asimismo, señala que desde Bogotá hacia municipios vecinos de la Sabana, también han sido detectados servicios piratas. Lo mismo sucede desde Ibagué y Neiva hacia poblaciones vecinas.
Pero no todo para ahí, pues en la costa Caribe la piratería intermunicipal opera sin restricción alguna. “La gente ya sabe en qué terminales piratas se toman los carros. Segundo, el Gobierno sabe que la industria es informal, pero en esta crisis debe estar por el 90% en el servicio intermunicipal”, agrega Quintero.
Asimismo, Mauricio Atuesta, gerente de Copetrán -una de las líneas de buses intermunicipales más antiguas del país-, señaló que “vemos con preocupación cómo el transporte informal está sustituyendo al formal ante la mirada indiferente del Gobierno. No vemos con claridad esfuerzos del Gobierno para reactivar el sector”.
A su vez, Gabriel Jiménez, gerente operativo de la Sociedad Transportadora de Córdoba (Sotracor), afirma que “las ayudas del Gobierno, por muy buenas intenciones que este tenga, no han llegado ni a empresas ni a propietarios”.
Además, cuenta que las vías de Córdoba están invadidas de taxis urbanos y carros particulares que se desplazan entre Montería y municipios vecinos sin ningún control biosanitario.
Incluso, estos vehículos han llegado a ser rutas extensas (como Montería - Sincelejo), e incluso, Montería - Medellín - por esta última cobran $400.000, mientras que una van de transporte formal tiene tarifa de $90.000-.
Por otra parte, José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), afirmó que el Gobierno no ha asumido la responsabilidad de la apertura del transporte gradual del transporte intermunicipal de pasajeros y ha descargado esa competencia en los mandatarios locales”.
“Esto ha generado un mayor volumen de casos covid, mayor cantidad de municipios a los que ha llegado. Además, ha llevado a no tener condiciones de bioseguridad para los usuarios que se transportan, en su mayoría, en vehículos ilegales como carros, motos y otros, sin condiciones de seguridad como las tienen terminales de transporte y empresas legales”, dijo el presidente de Aditt quien señaló que hasta en volquetas y camiones se mueven pasajeros mientras hay 50.000 buses parados en el país.
Sin embargo, desde la Policía de Tránsito en lo que va de la pandemia se han realizado múltiples controles en fechas clave como días festivos en las que se detectó el transporte ilegal de pasajeros en buses y otro tipo de vehículos. Tan solo en el más reciente puente, se inmovilizaron 491 automotores ilegales.
‘AYUDAS NO SON SUFICIENTES’
Aunque el Gobierno anunció recientemente una línea de ayuda para el sector transporte por cerca de $95.000 millones, las empresas de transporte señalan que estos recursos todavía no llegan a la totalidad de empresas debido a las múltiples trabas que el sistema financiero les pone a los empresarios.
Según gremios como Asotrans y la Aditt, mientras los auxilios de Bancóldex no lleguen a los empresarios, las compañías tendrán que buscar recursos por otro lado para lograr pagar la seguridad social de sus colaboradores y, también, otras obligaciones de funcionamiento como los arriendos.
Incluso, señalan que van a requerirse medidas como alivios a combustibles y a peajes, pues cuando las restricciones comiencen a levantarse los transporta-
dores no tendrán soporte suficiente para operar.
