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¿Por qué Uber, Beat, Cabify y Didi demandaron a la Supertransporte?

Gremio que reúne a las plataformas denuncia persecución del Gobierno. Dicen que prestan servicio privado y no público, como lo quieren hacer ver. 

Didi

Archivo CEET

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Portafolio
agosto 19 de 2021 - 03:56 p. m.
2021-08-19

A través de una demanda presentada al Consejo de Estado, las plataformas de transporte como Uber, Beat, Cabify o Didi, entre otras, buscan la nulidad de la Circular No. 15 de 2020, que establece que estas prestan un servicio público y no privado, con lo cual se estaría buscando proteger “el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”, manifestó la firma Robledo Abogados que representa a Alianza In, gremio que reúne a estas plataformas.

(‘Apps’ de transporte se alistan para cambios en el mercado). 

Según denuncian, hay una persecución del Gobierno Nacional en contra de los afiliados a estas aplicaciones, así como a los usuarios y conductores que prestan servicios de movilidad privada a través de diversas plataformas tecnológicas.

El bufete de abogados manifiesta que el Superintendente Camilo Pabón pretende, de manera ilegal, obligar a que las distintas autoridades de tránsito de las alcaldías interpreten que usuarios, conductores y plataformas tecnológicas de movilidad violan la ley y deban ser sancionados cuando lo cierto es que su actividad es lícita.

(Piden legalidad de Uber y 'apps' similares mientras dure la pandemia). 


“Estas actuaciones buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”, manifestó Pablo Felipe Robledo, exsupersociedades y socio de Robledo Abogados.

Además, en el comunicado se asegura que la circular viola los derechos de los consumidores, la libre competencia económica, el principio de moralidad administrativa, el principio de autonomía de las entidades territoriales y fija interpretaciones “caprichosas” de lo que debe entenderse por transporte público y privado.

Con estas acciones, la firma busca proteger la libertad de elección de los ciudadanos, el acceso a más y mejores servicios de movilidad y el desarrollo tecnológico de un sector del que viven alrededor de 750.000 colombianos.

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