Los presupuestos de las cajas de compensación familiar del país no tendrán que ser aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), como lo estipulaba el artículo 81 de la Ley Anual de Prepuesto del 2014.
El gremio de las cajas, Asocajas, había demandado ante la Corte Constitucinoal esta norma por considerar que les quitaba autonomía y que podría permitir la interferencia de intereses políticos.
Pero este lunes se conoció una sentencia del alto tribunal que declara inexequible el mencionado artículo.
El artículo 81 decía que las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte del Presupuesto General de la Nación, independientemente de su naturaleza jurídica (entre ellos las cajas), se incorporarán en un presupuesto independiente que requerirá la aprobación del Confis, salvo aquellas destinadas al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social.
Sin embargo, la Corte conceptuó que la incorporación de los recursos parafiscales de las cajas de compensación y otros no podrán regularse en la Ley Anual de Presupuesto por violar la llamada unidad de materia, “lo cual implicaba la ostensible vulneración de nuestro ordenamiento constitucional”, explicó el presidente ejecutivo de Asocajas, Álvaro José Cobo.
El dirigente añadió que “la decisión de la Corte Constitucional representa la confirmación de que las cajas no pueden ser estatizadas, ni incluidas en normas relacionadas con el presupuesto general de la nación y/o presupuestos públicos, dada su naturaleza jurídica privada, así como la prestación social llamada subsidio familiar que ellas administran”.
MILLONARIOS RECURSOS
En el país existen 43 cajas de compensación familiar, que recaudan 3,8 billones de pesos al año por aportes parafiscales. Pero su presupuesto sube a 12 billones de pesos si se suman los rendimientos y venta de servicios.
Hasta ahora han sido sus juntas directivas las que definen en qué se gastan estos cuantiosos recursos y es justo lo que habría cambiado si la Ley 1687 hubiera pasado el examen constitucional.
Además de administrar el Sistema de Subsidio Familiar, las cajas ejecutan la política de vivienda del Estado y tienen programas de educación, recreación y cultura, entre muchos otros.
En total, sus afiliados suman alrededor de 7,5 millones y si se cuenta a sus familias, los beneficiarios alcanzan los 16,5 millones.